Un grupo de 10 de los 34 diputados nacionales que integran el bloque de la UCR se diferenció del resto de la bancada y le solicitó este jueves al Poder Ejecutivo -por vía de la Presidencia de la Cámara- que extienda las sesiones ordinarias del Congreso hasta fines de febrero para «dar el debido y adecuado tratamiento» al proyecto de ley «Bases». Los legisladores resaltaron que un documento como este, que busca aplicar modificaciones sobre un enorme número de normativas y actividades, no puede ser abordado «a las apuradas y empujones» como pretende el oficialismo -y habilita gran parte de la oposición-.
Mientras la conducción de la bancada participaba por estas horas de las reuniones con los emisarios de La Libertad Avanza en busca de un acuerdo para poder dictaminar y llevar el tema al recininto, estos diez diputados expusieron su pedido.
>>Te puede interesar: El oficialismo negoció y la ley ómnibus ganó apoyos: ¿qué propuestas se modificarán?
Encbabezados por el bonaerense Facundo Manes, el mendocino Julio Cobos y el formoseño Fernando Carbajal, firmaron la nota Pedro Galimberti (Entre Ríos), Marcela Colli (La Pampa), Natalia Sarapura (Jujuy), Jorge Rizzotti (también jujeño), Pablo Juliano (Buenos Aires), Manuel Aguirre (Corrientes) y Juan Carlos Polini (Chaco).
«Enviamos una nota al presiente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para solicitar la prórroga del período de sesiones extraordinarias. Si de verdad consideran trascendente para el país el tratamiento de este proyecto, se necesita seriedad, que es lo contrario a la improvisación y a la prepotencia», aseveró Manes, al hacer pública la carta.
El texto, de una carilla y media, está dirigido a Menem pero en realidad busca la reflexión de todo el oficialismo nacional -y de los bloques legislativos que en las últimas horas fueron cediendo a cambio de algunas modificaciones que planean presentar como logros en la discusión mientras gran parte del articulado del proyecto sigue en pie-.
En esa línea, estos díez radicales piden porrogar las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero próximo y luego continuar la discusión de los paquetes de reformas en el período ordinario de sesiones, que inicia formalmente el 1 de marzo.
«La finalidad central de este requerimiento es dar el debido y adecuado tratamiento a la inciativa legislativa ‘Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’ y el DNU 70/23. Según se ha expresado, dichas normas son indispensables para el progreso del pañis, razón por la cual no hay motivo apra impedir el funcionamiento del Congreso o limitar sus actividades», afirmaron los diputados de la UCR en su escrito.
Los diputados resaltaron que «dicho proyecto ha sometido a discusión un conjunto importante de cuestiones, cuyo amplio debate se impone para que la legislación sea fruto del consenso democrático y producto de las instituciones de la república, que constituyen los requisitos de efectividad y legitimidad de las leyes».
En síntesis, los legisladores no quieren que la discusión parlamentaria sea una mera pantomima de participación; un simulacro de debate que en realidad se reduzca al cumplimiento de los pasos burocráticos necesarios -como las exposiciones en el plenario de comisiones- para llegar con el proyecto al recinto y votarlo sin mayores análisis.
«Hemos demostrado y ratificamos la voluntad política de dar el debate democrático y constructivo sobre todos y cada uno de los temas propuestos, más otros varios que constituyen nuestra propia agenda de trabajo y preocupación. También de escuchar a todos los sectores que desean hacer conocer sus opiniones. Lo estamos haciendo en el mes de enero; lo haremos en febrero con prescindencia de su decisión; y seguiremos haciendo en marzo; y continuaremos todo el año y tiempo necesario. Permitir durante febrero la continuidad del debate en el debido marco institucional es responsabilidad exclusiva del presidente (Javier Milei)», resaltaron.
Cabe tener en cuenta que la carta también cuenta con un mensaje entre líneas para la otra parte de la UCR -representada fundalmentalmente por el diputado cordobés Rodrigo De Loredo-, que está identificado como un «dialoguista» dentro de la visión del Ejecutivo Nacional.
La carta completa
