El cuestionado proyecto de reforma en Seguridad reúne nuevas facultades de investigación y medidas para enfrentar la reorganización de las bandas criminales.
A pesar de que el borrador con modificaciones satisfacía varios de los requerimientos de la oposición para habilitar el voto favorable en general, las diferencias no resueltas dentro del propio oficialismo imposibilitaron su aprobación formal en las comisiones.
Entre las modificaciones introducidas al borrador, se destaca el procedimiento por decreto penal: Se trataba de uno de los puntos más controvertidos del mensaje enviado por la Casa Gris.
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En tanto, el punto sobre las zonas de intervención especial de la policía, el bloque opositor mantiene su rechazo estricto a la facultad de delimitar zonas de actuación policial extraordinaria sin control directo, anunciando que votarán en contra en la discusión en particular si el texto se mantiene.
Con respecto a la propuesta de estado de antijuridicidad y derribo de búnkeres: en el mecanismo para disponer la demolición de inmuebles vinculados al narcomenudeo, la oposición solicitó que las medidas sean dispuestas formalmente por un tribunal a pedido del fiscal, y no por sola resolución de la fiscalía.
Otro de los puntos que marcaba la diferencia entre oficialismo y oposición es el de juicios en rebeldía. Para la oposición la intención no es impedir la figura del juicio en rebeldía, sino acotarla a tipos penales de máxima gravedad.
El debate de la ley de seguridad seguirá siendo el eje de las conversaciones parlamentarias en Santa Fe durante las próximas semanas, en la búsqueda de un texto que equilibre la efectividad en la persecución del delito con el respeto irrestricto de las garantías constitucionales.