La causa por la estafa que afectó a 27 inversores de la financiera CIAG SRL tendrá un nuevo capítulo el próximo martes 6 de octubre, cuando los damnificados se reúnan con el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y el fiscal Sebastián Narvaja en el Centro de Justicia Penal. El encuentro se realizará desde las 9.30. La investigación, iniciada a fines de 2022, reclama determinar el destino de fondos que los denunciantes estiman en alrededor de US$4 millones.
Las denuncias fueron presentadas por 27 inversores que aseguran haber confiado sus ahorros a CIAG SRL y que posteriormente no pudieron recuperar los fondos. Los damnificados sostienen que existe documentación que permitiría reconstruir el recorrido del dinero y determinar si parte de esos fondos fue destinada a distintas inversiones.
Entre la documentación mencionada por los denunciantes figuran resúmenes de cuentas, contratos, escrituras, registros de inversiones y correos electrónicos vinculados con operaciones financieras e inmobiliarias. Según las presentaciones realizadas en la causa, algunas de esas operaciones estarían relacionadas con bienes ubicados en Argentina y otros países.
La investigación también alcanzó a Rosental Inversiones a partir de las denuncias sobre la presunta canalización de fondos de CIAG a través de esa firma. En septiembre, el fiscal Federico Aranda citó a declarar a dos empleados jerárquicos de Rosental, a Santiago Freites, gerente del área de Real Estate, y a Jorgelina Vallejos, quien ocupa un cargo inmediatamente inferior. Ambos fueron convocados en calidad de testigos y la citación no implica una imputación.
La declaración de Freites aportó detalles sobre la relación comercial que existía entre Rosental y CIAG. Según trascendió, confirmó que Juan Carlos Culhane, fundador de CIAG y fallecido en 2017, había sido cliente e inversor de Rosental y describió distintas operaciones vinculadas con inversiones inmobiliarias.
Los damnificados sostienen que esa información podría contribuir a reconstruir el destino de los fondos que aseguran haber entregado a CIAG. La investigación deberá determinar si existieron maniobras fraudulentas, quiénes fueron responsables y cuál fue el recorrido del dinero.
Además, los denunciantes también apuntaron contra Paola Allegranza, viuda de Culhane, quien continuó vinculada a CIAG después del fallecimiento del fundador. Hasta el momento, según las publicaciones recientes sobre la causa, Allegranza no fue imputada.
Entre los bienes que los damnificados vinculan con las inversiones investigadas aparecen propiedades y emprendimientos en Argentina y el exterior. En Rosario, mencionan un loft en Puerto Norte Forum y cocheras en Ciudad Ribera; en Casilda, terrenos vinculados a un fideicomiso de los desarrolladores de Tierra de Sueños.
También señalan un restaurante de Piégari en el Hotel Esplendor de Asunción y una participación del 10% en habitaciones de un hotel Dazzler en Lima, ubicado en el distrito de Miraflores, entre otras inversiones. Se trata de elementos mencionados por los denunciantes, cuya eventual relación con los fondos reclamados deberá ser determinada por la Justicia.
La causa tuvo distintos cambios en su conducción. En las últimas semanas, el fiscal Federico Aranda, que había tomado declaraciones a los empleados de Rosental, dejó su cargo en el Ministerio Público de la Acusación. Según medios que siguen el expediente, el caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Delitos Complejos, con Sebastián Narvaja como responsable administrativo.
Los damnificados reclaman que la investigación avance y que se determine qué ocurrió con los fondos denunciados. En ese marco, el diputado Carlos Del Frade volvió a pedir información sobre el estado de la causa y planteó la necesidad de esclarecer las posibles maniobras financieras vinculadas con el expediente.
La reunión del 6 de octubre en el Centro de Justicia Penal será una nueva instancia para que los inversores expongan sus reclamos ante los responsables de la investigación.