Inversores damnificados por la cripto Libra apelaron la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Federal que hace dos semanas dejó afuera a todos los que invirtieron en la moneda digital impulsada por el presidente Javier Milei y habían acudido a la Justicia. El objetivo es que se los vuelva a incorporar al caso.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorenz sostuvieron en esa oportunidad que con el paso del tiempo existía «un escenario que evidencia un debilitamiento de la teoría del caso» y que la hipótesis de estafa había quedado «diluida» por falta de pruebas.
Los damnificados habían sido aceptados como querellantes en marzo de 2025, en el marco de la causa que investiga el colapso del token LIBRA, que —según sostiene la querella— generó pérdidas por 44,5 millones de dólares entre los inversores.
La Cámara le hizo lugar este mes al argumento planteado por la defensa de uno de los principales imputados, Mauricio Gaspar Novelli, que había cuestionado la legitimación de los denunciantes para actuar como querellantes.
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El fundamento central para el apartamiento fue que el ascenso y colapso en cuestión de minutos de la criptomoneda podían asimilarse a una simple inversión de riesgo en una «memecoin», y que los querellantes no habían logrado acreditar el origen de los fondos utilizados para operar.
Si se acepta el recurso presentado este miércoles, los afectados y sus letrados tendrán acceso al expediente, podrán controlar las pruebas y proponer medidas de investigación.
El planteo sostiene que equiparar la operatoria investigada con el riesgo propio de una inversión volátil ignora que se trató de una maniobra planificada: una supuesta «calidad simulada» del proyecto, el uso de la investidura presidencial como garantía de confianza y compras masivas realizadas apenas 22 segundos antes de la difusión oficial del contrato inteligente, lo que calificó como «un episodio de insider trading».
La presentación también reivindica la prueba documental aportada por la querella como las actas notariales que certifican la titularidad de las billeteras digitales y las operaciones realizadas. Rechaza que se le pueda exigir al denunciante que acredite el origen de su patrimonio como condición para querellar.
«Si a una persona le hurtan una cartera en la vía pública, el Estado no le niega constituirse en querellante porque no lleva consigo el ticket de compra», grafica el escrito en duros terminos.
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Otro de los ejes del recurso es la presunta violación de la cosa juzgada: la defensa argumenta que la propia Cámara ya había convalidado la legitimación de los querellantes en una instancia anterior, y que esa doctrina solo podía revisarse si surgía prueba nueva que desacreditara la condición de víctima, algo que —sostiene— no ocurrió en el expediente.
Con la apelación, la decisión final ahora quedará en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, a la que la defensa solicitó formalmente que revoque la resolución de la Sala I y ordene su reincorporación al proceso.