La abogada Noelia Vallejos, representante legal de las dos alumnas, aseguró que ambas tuvieron inconvenientes para continuar sus estudios secundarios en la modalidad Bachillerato Libre para Adultos (BLA). Presentaron un reclamo ante la Regional Educativa y anticiparon una acción de amparo.
Una situación vinculada con la continuidad educativa de dos estudiantes con discapacidad auditiva generó un reclamo ante autoridades educativas de Presidencia Roque Sáenz Peña. Según explicó la abogada Noelia Vallejos, representante legal de las alumnas, ambas cursan el nivel secundario en el establecimiento educativo N° 174, bajo la modalidad Bachillerato Libre para Adultos (BLA), turno noche, y cuentan con acompañamiento de la Escuela de Educación Especial N° 6.
En comunicación con Radio Fly 99.3, Vallejos explicó que las estudiantes reciben acompañamiento dentro y fuera del aula y que, además, concurren una vez por semana a la Escuela Especial N° 6 en contraturno, donde reciben cuatro horas de apoyo.
Según relató la abogada, al momento de realizar la carga de datos y matrículas de las estudiantes se habría presentado una situación vinculada con la edad de las alumnas. A partir de ello, indicó que una de ellas habría sido desvinculada de la Escuela Especial N° 6, mientras que en el caso de la otra se habría suspendido el acompañamiento.
La representante legal sostuvo que, de acuerdo con lo informado por directivos, la medida no implicaba que las alumnas dejaran de concurrir al establecimiento secundario N° 174. Sin embargo, planteó que la situación generaba un inconveniente central: la falta de acompañamiento e interpretación pedagógica en Lengua de Señas dentro del aula.
“Para eso están aquellos docentes, que son las MAI o la DAI, que tienen que estar en el aula con los chicos”, señaló Vallejos durante la entrevista, al cuestionar que el docente de la materia tuviera que asumir además funciones vinculadas al acompañamiento de las estudiantes.
Reclamo ante la Regional Educativa
Ante esta situación, la abogada informó que el lunes de la semana pasada se presentó una nota formal ante la Regional Educativa 4A, solicitando de manera urgente el reintegro de las estudiantes al aula con los apoyos correspondientes.
Vallejos afirmó que, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido una respuesta formal al planteo. También indicó que tomó contacto con sus dos representadas y que, según les manifestaron, tampoco habían recibido notificaciones por parte de las instituciones involucradas.
El planteo sobre el límite de edad
Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con la interpretación de la normativa educativa respecto de la edad de los estudiantes que concurren a la educación especial.
La abogada mencionó la Ley de Educación N° 1887-E y sostuvo que su artículo 74 establece un límite de edad de 24 años, aunque interpretó que dicha restricción estaría vinculada a estudiantes que realizan determinadas propuestas de formación profesional o laboral y no a quienes se encuentran cursando los niveles educativos obligatorios.
En ese sentido, Vallejos sostuvo que las dos alumnas se encuentran cursando el nivel secundario y que, desde su perspectiva, la aplicación de ese límite en este caso implicaría una afectación de sus derechos educativos.
La letrada también manifestó que considera que existiría un trato discriminatorio hacia las estudiantes. Estas afirmaciones forman parte del planteo realizado por su representación legal y deberán ser analizadas por las autoridades educativas y, eventualmente, por la Justicia si se concreta la presentación anunciada.
Preparan una acción de amparo
Ante la falta de una respuesta al reclamo administrativo, Vallejos confirmó que se encuentra preparando una acción de amparo, cuya presentación estaba prevista para este viernes, con el objetivo de solicitar judicialmente el reintegro de las estudiantes y la restitución de los apoyos necesarios para garantizar su continuidad educativa.
“Estamos cumpliendo con los plazos legales”, explicó la abogada, quien señaló que aguardaban el vencimiento del plazo correspondiente para obtener una respuesta a la presentación formal realizada ante las autoridades educativas.
De esta manera, el caso podría trasladarse al ámbito judicial si no se alcanza previamente una solución mediante las instancias administrativas. Mientras tanto, la representación legal de las estudiantes sostiene que el objetivo principal es garantizar que ambas puedan continuar sus estudios secundarios con los apoyos y condiciones de accesibilidad necesarios.