La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la demanda colectiva promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CecimLa Plata) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La magistrada ratificó los argumentos del Ministerio Público Fiscal y sustentó la competencia federal en tres pilares: la materia ambiental, el territorio marítimo y la jurisdicción internacional.
La decisión destacó que la infraestructura proyectada -pozos submarinos y unidades de almacenamiento- se asienta directamente sobre la plataforma continental argentina. Asimismo, el fallo reconoció que las corrientes y los ecosistemas marinos interconectan la región, por lo que cualquier impacto ambiental afectaría directamente los bienes comunes del país.
Por este motivo, el juzgado ordenó consultar el Registro Público de Procesos Colectivos y dar participación a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Mientras avanza la verificación de los requisitos procesales, el tribunal postergó la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas para paralizar los trabajos en la zona.
«Para el Cecim y la AAdeAA, esta resolución marca un punto importante en un camino que recién comienza. La Justicia Federal argentina afirmó su competencia para mirar hacia el Atlántico Sur y reconoció que allí están comprometidos el ambiente, el territorio y la soberanía nacional. Malvinas también se defiende haciendo efectivo el derecho allí donde otros pretenden convertir nuestros bienes naturales en hechos consumados», indicaron en un comunicado.
INTIMACIÓN A QUIRNO Y RECHAZO A LA INTROMISIÓN DE CHILE
En paralelo a la resolución judicial, el Cecim La Plata envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para exigir medidas urgentes frente a los planes de abastecimiento del proyecto offshore.
Los ex combatientes otorgaron un plazo de 72 horas para que la Cancillería aplique las sanciones previstas en la legislación vigente ante el anuncio de una nueva ruta comercial marítima entre Punta Arenas (Chile) y Puerto Argentino.
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Según denunció la organización, la iniciativa, acordada entre autoridades locales chilenas, la naviera Easter Island Naviera y la corporación colonial isleña, constituye el «cordón umbilical logístico» para el funcionamiento de Sea Lion.
Frente a esto, el Cecim intimó a Quirno a presentar protestas diplomáticas formales ante Chile y el Reino Unido, además de aplicar la Ley 26.659 para sancionar e inhabilitar a las empresas involucradas en el apoyo logístico a la exploración hidrocarburífera en territorio argentino.