Lácteos Verónica acordó la venta de dos de sus principales plantas en Santa Fe en medio de una crisis financiera y laboral que se profundizó durante el último año. Los contratos fueron firmados el 2 de julio, pero su ejecución quedó condicionada a la autorización de la Justicia luego de que la empresa se presentara en concurso preventivo de acreedores con un pasivo que supera los $118.496 millones.
La decisión de la firma, controlada por la familia Espiñera, se produce en un escenario de fuerte deterioro financiero. Según los datos aportados al expediente concursal, Lácteos Verónica acumula más de 2.900 cheques rechazados por un monto superior a los $11.200 millones y registra una deuda bancaria cercana a los $4.745 millones, con el Banco Galicia como principal acreedor.
A esa situación se suman los reclamos de alrededor de 150 productores tamberos, quienes denuncian una deuda cercana a los 60 millones de dólares por leche cruda entregada y no abonada.
El balance de la firma también refleja el deterioro de sus cuentas, al 30 de junio, el patrimonio neto era negativo en $9.262 millones. La empresa atribuye la crisis al derrumbe del consumo, el encarecimiento del crédito y la falta de capital de trabajo.
La operación generó cuestionamientos entre trabajadores y distintos actores del sector debido a que las sociedades que aparecen como compradoras fueron constituidas pocos días antes de la firma de los acuerdos.
Lacterra fue creada el 19 de junio y Copalac, el 11 del mismo mes. Los contratos contemplan un esquema de producción a fasón: las empresas compradoras aportan la materia prima y mantienen la propiedad de los productos terminados, mientras Lácteos Verónica recibe un canon por el procesamiento.
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La planta de Suardi ya funciona bajo esta modalidad desde hace unos quince días, en una suerte de período de prueba. Sin embargo, la puesta en marcha se realiza con una dotación de entre 12 y 18 trabajadores, muy por debajo de los 85 empleados que tenía anteriormente.
Desde ATILRA, el sindicato que representa a los trabajadores de la industria láctea, señalaron que el acuerdo constituye una “salida coyuntural y provisoria” y reclamaron que los propietarios den respuestas por los salarios adeudados.
La situación laboral es uno de los puntos más críticos del conflicto. Los más de 300 trabajadores de las plantas de Clason, Lehmann y Suardi denuncian que no cobran sus salarios desde diciembre de 2025 y que también se les adeuda el aguinaldo. Además, aseguran haber perdido la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios.
La empresa llegó a tener unos 700 empleados, pero esa plantilla se redujo formalmente a poco más de 300 trabajadores: 140 en Clason, 85 en Suardi y 112 en Lehmann. Las tres plantas se encuentran alcanzadas por la crisis, mientras otra instalación permanece inactiva.
La falta de respuestas llevó a los trabajadores a realizar protestas, acampes y quemas de neumáticos frente a las plantas. La incertidumbre sobre el futuro de la empresa y la continuidad de las fuentes laborales se mantiene mientras la Justicia analiza la situación dentro del concurso preventivo.
“Estamos cada vez peor: hace seis meses que no cobramos, la empresa sigue inactiva y los dueños totalmente ausentes”, había señalado en junio un delegado de la planta de Lehmann.
En este contexto, la venta de las plantas aparece como un intento de preservar los activos y reactivar parte de la producción, aunque la operación todavía necesita el aval judicial. Al mismo tiempo, persisten los cuestionamientos sobre el manejo de la compañía y las acusaciones de un posible vaciamiento formuladas por distintos sectores.