El senador nacional Mariano Recalde cuestionó distintos aspectos de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió sobre las consecuencias sociales que podrían generar algunos de los capítulos incluidos en el texto final. En ese marco, sostuvo que, pese al rechazo a la modificación de la Ley de Tierras, quedaron incorporados cuatro ejes que considera “especialmente graves”.
El legislador porteño calificó como una “gran victoria” el resultado que impidió avanzar con la reforma de la Ley de Tierras y atribuyó ese desenlace a la participación ciudadana. Según expresó, la sociedad pudo manifestar su postura y ejercer presión para que los legisladores modificaran su posición.
No obstante, Recalde remarcó que la norma aprobada “conserva cuatro capítulos que, a su entender, impactarán de manera directa en amplios sectores de la sociedad”. Entre sus principales cuestionamientos, señaló las dificultades que podrían enfrentar las personas que viven en terrenos sin título de propiedad o sin escritura.
El senador recordó la existencia de la Ley Pierri, que permitía regularizar determinadas situaciones de ocupación pacífica luego de tres años cuando el terreno no se encontraba en litigio. En contraste, sostuvo que con la nueva normativa “los plazos para acceder a la escrituración podrían extenderse entre diez y veinte años”, lo que dificultaría la formalización de la propiedad para los sectores de menores recursos. “Es inaccesibilidad a la propiedad privada para la gente humilde”, afirmó.
Desalojos de inquilinos
Otro de los puntos cuestionados por Recalde fue el régimen de desalojos para inquilinos al considerar inoportuna la modificación en un contexto económico en el que “muchas familias atraviesan dificultades para cubrir sus gastos y pueden acumular atrasos en el pago del alquiler”.
En el mismo sentido, criticó que la normativa priorice la ejecución del desalojo sin contemplar mecanismos que permitan garantizar condiciones suficientes para que los hogares puedan afrontar el costo de la vivienda.
Expropiaciones y utilidad pública
El tercer eje de sus críticas estuvo dirigido a los cambios en la Ley de Expropiaciones. Recalde recordó que la Constitución establece la inviolabilidad de la propiedad privada, pero también contempla la posibilidad de que el Estado recupere bienes por motivos de utilidad pública mediante una ley y la correspondiente indemnización.
Entre los ejemplos mencionó la construcción de rutas, escuelas y subterráneos, además de la eventual recuperación de empresas vinculadas a servicios públicos estratégicos.
Para el senador, las modificaciones impulsadas por el Gobierno buscan volver más difícil y costoso el procedimiento para que el Estado pueda recuperar determinados bienes. En ese sentido, sostuvo que el objetivo sería “quedarse con nuestras tierras y nuestras empresas” y señaló que los cambios podrían generar un “blindaje” para la venta de tierras y las privatizaciones.
IMPSA, la primera privatización de la era Milei. La empresa que era del Estado Argentino y la provincia de Mendoza pertenece actualmente al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por la empresa ARC Energy
“Ley de la selva” y rol del Estado
En otro tramo, Recalde sostuvo que la orientación general del Gobierno de Javier Milei responde a un modelo “anarco-capitalista” y la vinculó con las políticas de desregulación impulsadas por el Ejecutivo.
Según argumentó, la eliminación de normas puede dejar desprotegidos a trabajadores, consumidores y al medio ambiente, al fortalecer a los sectores con mayor poder económico.
“¿Quiénes son los más fuertes? Los grandes capitales”, expresó, al advertir que, sin regulaciones estatales, esos actores tendrían capacidad para imponer condiciones laborales, tarifas y decisiones vinculadas con el uso del suelo y los recursos naturales.
También sostuvo que llevar la desregulación a ámbitos sensibles puede derivar en una sociedad en la que “el que tiene plata impone al resto”, y definió esa lógica como “la ley de la selva”.
Como contraposición, defendió un modelo basado en normas y regulaciones que, según planteó, permitan proteger a los sectores más vulnerables y al medio ambiente.
Recalde concluyó que el Estado debe conservar herramientas para evitar que quienes concentran mayor poder económico se aprovechen de quienes cuentan con menos recursos, y sostuvo que el debate sobre la propiedad privada debe contemplar no solo su protección patrimonial, sino también su función social.
