La investigación por el caso de Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina, sumó un nuevo capítulo. El fiscal de Investigación Penal N° 3, Marcelo Soto, confirmó que fueron citados a declaración de imputados dos exdirectores del Hospital de Quitilipi, quienes habrían contratado a la mujer para desempeñarse como médica de guardia pese a no contar con título habilitante.
Según explicó el fiscal a Radio Fly 99.3, las citaciones fueron libradas el pasado viernes y alcanzan a los exdirectores de apellidos Villalba y Acuña, quienes estuvieron al frente del centro de salud durante el período en que Ojeda prestó servicios.
«Se les atribuye haber contribuido, mediante la contratación de Ojeda como médica de guardia, a que se produjeran las muertes y lesiones que hoy se investigan», sostuvo Soto.
Las imputaciones contra Ojeda
El fiscal recordó que Lidia Mabel Ojeda enfrenta graves acusaciones por el ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, dos hechos de homicidio con dolo eventual y un caso de lesiones gravísimas.
Entre los hechos investigados se encuentra la amputación de la pierna de un joven, quien continúa internado en terapia intensiva. Además, durante el tiempo que permaneció desempeñándose en el Hospital de Quitilipi, habría realizado más de mil atenciones médicas.
La investigación determinó que la mujer ejerció ilegalmente la profesión entre septiembre de 2024 y abril de 2026.
Investigan la responsabilidad de quienes la contrataron
Soto explicó que uno de los ejes de la investigación apunta a establecer las responsabilidades de quienes autorizaron su contratación.
«Resulta evidente que no tomaron los recaudos necesarios ni exigieron la documentación correspondiente para contratar a una persona que carecía de título habilitante para ejercer la medicina», afirmó.
Asimismo, recordó que Ojeda utilizaba el número de matrícula profesional de otro médico. «Con solo verificar ese número se podía advertir que no correspondía a la persona que estaba ejerciendo», señaló.
Por ahora no habrá nuevas imputaciones
Consultado sobre la posible participación de otros funcionarios o autoridades sanitarias, el fiscal indicó que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para avanzar contra otras personas.
En ese sentido, descartó por ahora una citación al exministro de Salud y sostuvo que, de acuerdo con los testimonios reunidos, las decisiones relacionadas con la contratación se realizaban dentro del propio hospital.
Respecto de una eventual responsabilidad de terceros que hubieran colaborado con Ojeda, Soto afirmó que las declaraciones del personal de enfermería indican que la mujer actuaba por sí sola.
Finalmente, el fiscal reconoció que para los pacientes resulta muy difícil detectar una situación de estas características.
«Una persona que acude a un hospital público confía en que quien la atiende está debidamente habilitado. Es muy difícil exigirle a un ciudadano común que verifique una matrícula profesional cuando el propio sistema ya debería haber realizado esos controles», concluyó.