Un día después de que el Banco Mundial diera luz verde a una garantía de financiamiento por u$s2.000 millones para la Argentina, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este miércoles, una garantía por US$ 550 millones para el país, que permitirá movilizar financiamiento privado por hasta u$s1.200 millones y mejorar el acceso del país a los mercados internacionales de capital, según la administración económica del Gobierno.
El respaldo que recibió Argentina, según informó el BID, se trata de la primera garantía otorgada al país para reformas en materia de seguridad y justicia, que además servirá para afrontar el próximo pago de deuda por US$4.300 millones en julio. La operación se alinea con los objetivos de sostenibilidad fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca mejorar las condiciones de financiamiento Nacional.
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La garantía respaldará el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (Prosejus), una iniciativa del gobierno nacional orientada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, mejorar la investigación criminal y aumentar la capacidad del Estado para recuperar activos de origen ilícito.
Desde el BID señalaron que el programa contribuirá a reducir la impunidad de los delitos asociados a organizaciones criminales mediante un fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, la inteligencia criminal y el sistema judicial.
El organismo destacó que el costo directo del crimen y la violencia en la Argentina equivale al 3,9% del PBI, un nivel superior al promedio regional. En ese contexto, consideró que las reformas impulsadas por el Prosejus podrían contribuir al crecimiento económico sostenible al reducir la criminalidad, mejorar la seguridad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
“El despliegue de estos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral”, explicó el economista Eric Ritondale.