El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban una Misión Humanitaria.
La comitiva que llegó este lunes a la madrugada al aeropuerto de El Alto está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros: les retuvieron los documentos, los obligaron a arribar un avión hacia a ciudad boliviana de Santa Cruz y ya se encuentran en viaje, nuevamente hacia Argentina.
Desde allí, Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, sostuvo que estuvieron “secuestrados con represión policial” y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia.
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Además, indicó que lo que ocurre en ese país es “una verdadera dictadura militar”: “Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”.
En la misma línea, Barry confirmó que “no los dejaban bajar del avión” y que el trato que recibieron “fue igual al de un secuestro”. Además, manifestó que quisieron “hacerles firmar un documento” que presentaba “causas truchas” respecto a los objetivos del viaje.
En tanto, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez le “exigió” a las autoridades bolivianas que Marino “pudiera realizar las tareas para las que fue invitado” por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: “Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física”, remarcó.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno explicó: “Las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana. En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”.
“Ante esta situación, la Embajada de la República Argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes”, cerró el comunicado.