En el marco del debate que abordó la situación de la infraestructura vial y la paralización de la obra pública, especialistas y representantes de usuarios reclamaron una mayor intervención del Congreso para fortalecer los mecanismos de control sobre las concesiones de rutas y transparentar el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
Durante su exposición, en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, Jorge Zatloukal, integrante del Comité de Defensa del Usuario Vial, consideró que el escenario de “obra pública cero” planteado por el Gobierno nacional es una realidad difícil de discutir, pero sostuvo que existen herramientas legislativas que podrían contribuir a mitigar sus efectos y mejorar la fiscalización de los recursos destinados a la infraestructura vial.
En ese sentido, puso su mirada en el régimen de concesiones viales vigente desde la década de 1990 y advirtió que persiste una deuda institucional vinculada a la protección de los derechos de usuarios y consumidores.
Según explicó, Argentina aún «carece de un marco regulatorio específico aprobado por ley» para el sistema de concesiones viales, así como de un ente regulador federal creado por el Congreso que incorpore la participación de las provincias involucradas y de las asociaciones de usuarios, tal como contempla el artículo 42 de la Constitución Nacional.
“El cumplimiento de los contratos de concesión, la ejecución presupuestaria y la defensa del interés público deberían estar sujetos a una fiscalización mucho más rigurosa”, y cuestionó la falta de transparencia en torno a los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, una herramienta que históricamente tuvo como finalidad financiar obras de infraestructura y mantenimiento vial.
Al respecto, apuntó que existen diversas denuncias penales presentadas ante la Justicia Federal relacionadas con el manejo de estos fondos y consideró que el Congreso debería avanzar en la «creación de una comisión investigadora» para analizar su utilización.
“Se han mostrado numerosos datos y cuadros sobre la recaudación, pero sigue sin conocerse con precisión el destino final de esos recursos en el nivel más detallado de ejecución”, sostuvo.
Zatloukal remarcó que una investigación parlamentaria permitiría determinar «cómo se distribuyen los fondos», evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos por la normativa vigente y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
El palnteo se suma a los reclamos expresados por representantes provinciales, sindicales y organizaciones vinculadas a la seguridad vial, quienes vienen alertando sobre el deterioro de la infraestructura, la falta de inversión en rutas y el impacto que la paralización de obras genera en la conectividad, la producción y el empleo.
Los especialistas coincidieron en que el Congreso puede desempeñar un papel clave tanto en la modernización del marco regulatorio de las concesiones como en la supervisión de los recursos destinados al mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional.