La controvertida historia judicial en torno a las irregularidades en el fuero de familia del Gran Buenos Aires sumó un capítulo definitivo. La exjueza Alejandra Velázquez, quien supo comandar el Juzgado de Familia N° 1 de Pilar, fue condenada a la pena de tres años de prisión tras ser declarada penalmente responsable del delito de cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública, en el marco de un expediente que investigó maniobras espurias dentro de procesos de adopción.
El veredicto fue emitido por el Juzgado Correccional N° 1 de San Isidro. Si bien la sentencia incluyó la pena de ejecución condicional y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de seis años, la exmagistrada logró obtener el beneficio de la libertad condicional en el mismo acto de la lectura del fallo, fundamentado estrictamente en el período de encierro que ya traía acumulado.
De acuerdo con el documento judicial, los implicados arribaron a una resolución mediante un juicio abreviado. Velázquez reconoció formalmente la comisión del delito imputado por el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió que tanto la fiscalía como la defensa técnica consensuaran el monto de la pena aplicada.
La resolución ratifica que la exjueza ofreció coimas en efectivo a dos funcionarias públicas con el claro propósito de que omitieran asentar debidamente actuaciones obligatorias vinculadas a carpetas de adopción que tramitaban bajo su exclusiva competencia funcional.
Pilar: quién es la ex jueza Alejandra Velázquez
Los fundamentos técnicos del fallo explican que el delito se configuró de manera autónoma por la mera acción de haber realizado el ofrecimiento de la dádiva, sin importar que la maniobra no haya llegado a materializarse. Conforme a las constancias incorporadas al expediente principal, las empleadas judiciales rechazaron de forma categórica la propuesta económica ilegal efectuada por la entonces jueza, procediendo a realizar las notificaciones correspondientes.
Aunque los hechos puntuales que dieron origen a esta condena penal se remontan al año 2011, el entramado corporativo recién estalló con fuerza mediática en 2017. En aquel período, Velázquez fue destituida de su cargo en el departamento judicial de Pilar tras enfrentar una serie de denuncias cruzadas que daban cuenta de graves anomalías estructurales y deficiencias en el despacho diario de su juzgado.
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Durante las audiencias preliminares, diversos testimonios describieron una supuesta red de captación orientada a mujeres embarazadas en contextos de extrema vulnerabilidad social o niños en situación de desamparo. Las declaraciones más crudas detallaban que el objetivo explícito de la organización informal consistía en «conseguir panzas» para agilizar los trámites de entrega.
Las auditorías de la Suprema Corte bonaerense habían detectado en ese entonces desvíos llamativos en legajos de adoptabilidad que beneficiaban, de manera recurrente, a matrimonios de alto poder adquisitivo residentes en los countries del partido de Pilar. Paralelamente, se sumaron quejas que daban cuenta de presiones directas hacia madres de bajos recursos económicos para que cedieran la custodia de sus hijos a cambio de retribuciones financieras.
No obstante, las fuentes tribunalicias aclararon que el reciente fallo correccional no avanzó sobre el fondo de la hipótesis de la comercialización de menores ni dio por acreditadas de manera formal esas denuncias accesorias, circunscribiéndose de forma exclusiva al intento de soborno procesal.
El derrotero de la exjueza incluyó una fuga internacional que requirió la intervención activa de las fuerzas de seguridad globales. Velázquez fue localizada formalmente en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, por personal de la Interpol, luego de que la justicia ordinaria emitiera una orden de captura internacional en su contra.
La cronología de su detención se resume de la siguiente manera:
- Fue alojada en un establecimiento penitenciario europeo tras su arresto.
- Su extradición definitiva hacia la República Argentina se concretó de manera formal.
- Tras arribar al país, se le concedió el beneficio del arresto domiciliario en una propiedad ubicada en el partido de Tigre.
En virtud de que la imputada ya contabilizaba más de ocho meses de detención efectiva bajo el régimen domiciliario y la escala penal impuesta no superaba el umbral de los tres años de prisión, su abogado defensor solicitó formalmente la concesión de la libertad condicional.
El planteo contó con el visto bueno del fiscal de la causa, permitiendo que recuperara la libertad ambulatoria el mismo día de conocerse la sentencia de condena. Los jueces del tribunal de San Isidro advirtieron que el beneficio otorgado posee un carácter eminentemente precario.
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El mismo podrá ser revocado de forma inmediata si la condenada incurre en modificaciones de su domicilio real sin previa notificación o si resulta imputada en la comisión de un nuevo hecho delictivo. Con este esquema, la pena privativa de la libertad fijada por los magistrados tendrá su fecha de finalización formal el 1° de julio de 2028, mientras que la restricción absoluta para postularse u ocupar cargos en el ámbito de la administración pública provincial se extenderá de corrido hasta el mes de julio de 2031.