Con impulso del oficialismo, el Senado dio media sanción a un proyecto que aprueba el plan de pago a dos fondos buitres por un total de 171 millones de dólares.
Esto se debe a raíz de un acuerdo de conciliación económica que alcanzó el gobierno de Javier Milei con estas firmas, que ahora deberá obtener su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados antes de la fecha límite del 30 de junio.
La aprobación se dio por 40 votos positivos contra 22 negativos, y si bien el proyecto estaba en el temario de la sesión del 14 de mayo, la Cámara alta finalmente lo votó este jueves ya que la redacción original sufrió correcciones técnicas de último momento en decenas de artículos, lo que provocó quejas de la oposición y motivó la vuelta a comisión para volver a ser dictaminado.
El acuerdo alcanzado por el gobierno argentino en la Justicia estadounidense incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, definiéndose finalmente que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma “Bainbridge Ltd.” y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de 171 millones de dólares.
Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.
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La aprobación definitiva en el Congreso de la Nación dejará sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, aseguró que “este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina”.
“Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes”, explicó.
Para Monteverde, “esto que traemos a discusión significa la resinserción internacional de Argentina, significa salir del listaado de morosos”, e indicó que se está “discutiendo algo que además una cifra del total de la deuda totalmente insignificante, pero que resuelve los problemas”.
“Honrar la deuda es también una restauración moral que se la debemos al país, a contramano de aquello de festejar el default como sucedió años atrás o festejar la pesificación con la que se defraudó a los ahorristas”, continuó.
A la hora de su alocución, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) enumeró los argumentos por los cuales el peronismo votaría en contra de la iniciativa, asegurando que “estos mecanismos (de pago a los acreedores remanentes) en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts”.
“Argentina mantuvo el mismo estudio jurídico y la misma posición correspondiente, y obviamente ha obtenido un triunfo significativo que es la defensa estratégica del capital accionario de YPF. Segundo, no hay equidad. Tercero, la quita no es verificable y comparable desde el punto de vista de cuáles son los parámetros de precios de adquisición”, subrayó.
En cuarto lugar, mencionó que este plan de pago a fondos buitre introduce “un principio de tensión” con la resolución aprobada en septiembre de 2015 por 136 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que estableció nueve principios básicos para regular los procesos de reestructuración de deuda soberana de los países.
Aquella iniciativa había sido impulsada fuertemente por Argentina con el objetivo de limitar el accionar especulativo de los fondos buitre.
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Por otra parte, Capitanich resaltó que “la prórroga de jurisdicción” a favor de los holdouts “no implica convalidar prórroga de la inmunidad”.
Según dijo, la prórroga de jurisdicción puede ser “renunciable”, pero la prórroga de inumidad solo puede hacerse por la vía judicial.
“La documentación es incompleta y el cierre parcial no implica una estrategia para poner fin a una negociación cuyas características de complejidad no permiten terminar de resolver”, finalizó.
El acuerdo de conciliación con los dos fondos buitre por 171 millones de dólares adoptó como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.
En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio.
Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La Justicia norteamericana había puesto originalmente como deadline de aprobación el 30 de abril, pero el Gobierno de Javier Milei logró una prórroga hasta el 30 de junio para que se convierta en ley.