En medio de la tensión por falta del envío presupuestario y ante una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno confirmó que avanza en la creación de una comisión integrada por rectores de universidades con hospitales propios para definir criterios de financiamiento y distribución de recursos.
La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, quien ratificó que no se puede aplicar la ley de financiamiento por irregularidades en la norma y aseguró que se va a reunir en los próximos días con un grupo de rectores para debatir el reparto de dinero para los hospitales educativos que hasta el momento se venía haciendo de forma discrecional.
A la par del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, la ministra cuestionó el manejo de fondos en algunas casas de estudio y defendió la idea de establecer nuevas pautas para repartir partidas destinadas a hospitales universitarios. Además, «se planea crear una página web específica para que cualquier persona pueda consultar el destino final de los recursos que el Poder Ejecutivo dispone exclusivamente para ese sector», aclaró el subsecretario.
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La decisión llega después de las denuncias de la Universidad de Buenos Aires por la falta de financiamiento para sus centros de salud. “Antes la UBA pedía plata y por lobby político se definía. Casi el 70% iba para esa institución”, afirmó Álvarez, quien aseguró que el nuevo esquema buscará incluir a universidades del interior.
Desde el oficialismo también vincularon la movilización universitaria con intereses políticos, «Mañana van a estar actores que no tienen nada que ver con la comunidad universitaria, como la CGT o partidos políticos». Por último, Pettovello reiteró que el Gobierno considera inviable la Ley de Financiamiento Universitario en los términos actuales y sostuvo que su aplicación quiebra al Estado nacional.
En ese sentido, Álvarez dijo que habló a los gremios. En esas conversaciones, comentó que reconoció que existe un atrasado salarial con los trabajadores docentes y no docntes pero los dirigentes sindicales se niegan a aceptar lo que ofertó el Poder Ejecutivo, plasmado en el último proyecto de ley para financiar la educación superior. “Entre nada y medio vaso de agua, que fue lo ofrecimos para después seguir discutiendo, prefieren nada”, dijo.