El Gobierno consiguió un respiro en la Justicia después de una serie de fallos contra la reforma laboral. La jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, Macarena Marra Giménez, hizo lugar este viernes a una inhibitoria planteada por el Estado y declaró competente a ese fuero para tratar los planteos de inconstitucionalidad de 83 artículos de la ley hechos por la Confederación General del Trabajo (CGT). Para la central, esos planteos deben tratarse en el fuero laboral, el especializado en la materia.
La disputa en torno a cuál fuero debería tratar los planteos de inconstitucionalidad de la reforma laboral no es un tema menor. La CGT cuestiona el artículo 79 de la ley que dispone la competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Para la central obrera, el fuero competente es la Justicia Nacional del Trabajo. El argumento es razonable. Es el organismo especializado en la temática con décadas de funcionamiento.
Para la jueza Marra Giménez, el argumento de la CGT no es válido. Como la demanda está dirigida hacia el Poder Ejecutivo Nacional, debe tratarse en el fuero que trata las causas contra el Estado nacional, es decir, el Contencioso Administrativo.
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«Tales circunstancias determinan que, para resolver el asunto será necesario acudir a principios y normas del derecho público administrativo (art. 116 de la C.N., art. 2, inc. 6) de la Ley 48, art. 111, inc. 5) de la Ley N°1893 y art. 45, inc. a) de la Ley Nº13.998″, explica», explica Marra Giménez en el fallo.
Desde el equipo jurídico de la CGT apelarán el fallo de Marra Giménez. Este revés era esperable pero, aseguran, no enturbia la estrategia judicial de la central obrera. En paralelo, sigue en marcha la otra presentación judicial hecha en la Justicia laboral, que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.
Debate sobre la competencia: trasfondo político
Más allá de la discusión jurídica, hay un trasfondo político. El Gobierno considera a la Justicia Nacional del Trabajo como un fuero tendencioso a favor de los trabajadores y en contra de los empresarios. Por eso, a último momento, metió en el tratamiento de la reforma laboral el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un distrito, en principio, más amigable con los intereses empresarios.
De hecho, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) viene resistiendo el traspaso a la Ciudad. Tanto para el sindicato como para la CGT significaría el fin del fuero laboral y una mayor desprotección para los trabajadores. Según la reforma laboral, ese traspaso debería concretarse a los 180 días de la sanción de la ley. Todavía no está claro si el Gobierno logrará concretarlo en ese tiempo.