La Municipalidad de Escobar ha tomado una decisión histórica para reordenar el centro de Belén de Escobar: presentó ante la Justicia un escrito formal recomendando la demolición total del predio Floreal del Sol. El esqueleto inconcluso, ubicado sobre la avenida San Martín, ya no es solo una mancha en la estética local, sino un riesgo latente para la seguridad pública.
Esta medida es el desenlace de un proceso administrativo y penal que el Estado local impulsa contra un emprendimiento privado que, tras reiterados incumplimientos, dejó una estructura en ruinas.
Según un dictamen técnico de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, el edificio presenta «un avanzado deterioro» y «múltiples deficiencias constructivas». El informe es lapidario: sostiene que «no resulta viable retomar el proyecto sin una intervención integral», posicionando a la demolición como la única salida definitiva.
Ante el estancamiento judicial de la obra y el peligro de colapso de la estructura, la gestión local decidió que es momento de «ordenar el espacio y resguardar el bienestar de la comunidad». La solicitud de demolición no solo busca borrar el rastro de la estafa, sino liberar un terreno estratégico sobre la avenida San Martín que hoy representa un foco de inseguridad y abandono.
Para los vecinos de Escobar, la demolición de Floreal del Sol significará el cierre de un capítulo oscuro que comenzó con la ilusión del progreso y terminó en los pasillos de los tribunales porteños. Mientras la causa penal avanza hacia el juicio oral, las cuadrillas municipales aguardan la luz verde de la Justicia para derribar, de una vez por todas, este «monumento a la estafa».
La historia de Floreal del Sol, el Elefante Blanco de Escobar
El proyecto Floreal del Sol irrumpió en la agenda pública en 2010 con un despliegue publicitario inusual para la zona norte. La promesa era transformar la antigua fábrica de ladrillos refractarios Abraxas en un complejo de seis torres de 14 pisos. El plan incluía departamentos profesionales, viviendas de alta gama y un hotel de la cadena internacional Mantra, con sede en destinos exóticos como Sídney u Honolulu.
Cuatro de esos edificios albergarían 48 departamentos de 2 y 3 ambiente para uso profesional y de vivienda, mientras que los otros dos se destinarían para el prestigioso hotel, con 168 amplias habitaciones en suite.
La oferta para los inversores parecía un negocio imbatible:
- Amenities: Shopping center, cines, spa, cava de vinos, golf y restaurantes de lujo.
- Inversión: Cocheras a 16 mil dólares y suites de hotel a 102 mil dólares.
- Promesa: Una rentabilidad del 10 al 15% anual en dólares, percibiendo un 6% desde el primer mes tras la firma del contrato.
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Sin embargo, detrás del champagne y los bocaditos de caviar en las presentaciones, la realidad era otra. La única estructura que llegó a levantarse fue utilizada, según la justicia, como un «decorado» para seguir captando capitales. «La intervención busca encaminar una problemática que se extiende desde hace más de una década y reafirma la decisión del gobierno local de actuar frente a incumplimientos sostenidos que impactan en la vida cotidiana de los vecinos», manifestaron voceros de la comuna.
La investigación, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, bajo la tutela del juez Pablo Yadarola, ha desentramado una compleja red de sociedades que funcionaban como una «ensalada rusa» financiera: Elabu S.A, Elabu Global S.A, Doro Florida S.A y Con Sol Ventures.
En octubre de 2024, el juez dispuso el procesamiento y embargo de bienes de los tres principales responsables: Daniel Oscar Fontanini, Carlos Alberto Pita y su esposa, Emilia Mercedes Álvarez. Según el expediente, estas personas orquestaron una maniobra que afectó a 244 damnificados que, entre 2011 y 2016, depositaron sus ahorros de toda la vida, sumando un perjuicio patrimonial de aproximadamente cinco millones de dólares.
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En el rol de los imputados, la trama involucra roles específicos que, según la Justicia, fueron clave para sostener la mentira durante años:
La acusación indica que los imputados recibían el dinero “a sabiendas de que la construcción del emprendimiento inmobiliario y hotelero no se iba a realizar». El magistrado concluyó que la estructura construida era «utilizada sistemáticamente por los imputados para hacer creer a las víctimas que la obra existía», provocando un desprendimiento patrimonial bajo engaño.