A pesar de que el pasado miércoles la Justicia de Estados Unidos suspendió una serie de demandas clave contra la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, al proceso le quedan instancias importantes aún sin resolver, entre ellas la resolución del fallo principal, en mano de la Corte de Apelaciones de Nueva York.
El paso central se vincula con la causa madre y se trata de la apelación que realizó la representación legal del país a los más de USD 16.000 millones que la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, impuso como sentencia.
Según lo expuesto por el especialista Sebastián Maril, la decisión no resultará en un simple «inocente o culpable», sino que será compleja. En ese sentido, aclaró que los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson están evaluando el caso desde cero, es decir, sin la influencia de lo resuelto por Preska.
«Los tres jueces sacan sus propias conclusiones evaluando el caso presentado desde el principio. No tienen que opinar si la jueza estuvo en lo cierto o no. Tan solo deben interpretar cuál es la correcta aplicación de las leyes. Esto no necesariamente se interpreta que sea mejor o peor para una de las partes», señaló.
Además, develó cuáles son los posibles resultados: afirmar el fallo en favor de los demandantes; desestimar la apelación de Argentina; revertir la decisión de Preska, lo que devolvería el proceso a su tribunal para que tome una nueva determinación; la anulación completa; y la devolución con instrucciones a la misma magistrada neoyorquina.
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Por otro lado, aún quedan otras instancias paralelas. Una de ellas es la apelación contra el fallo de Preska para que el país entregue a los posibles beneficiarios parte de las acciones de YPF como pago de la sentencia.
Asimismo, todavía queda por fallar la apelación por la representación de YPF, dado que la empresa busca defenderse a sí misma en la demanda de los fondos por presuntamente funcionar como «alter ego» del Estado, es decir, como si fueran la misma estructura jurídica. También se aguarda por la apelación del grupo Republican Action for Argentina, que pidió anular la sentencia millonaria contra el país.