Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) preparan su pronunciamiento en contra del proyecto de financiamiento universitario que redacta el Gobierno, que intentó negociar con los encargados de las casas de estudio.
El resultado de las dos reuniones con la cúpula del CIN, el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de políticas Universitarias Alejandro Alvarez, fue que las negociaciones del Ejecutivo no llegaron a buen puerto.
La propuesta llegó ante el incumplimiento de la ley sancionada el año pasado por el Congreso, vetada por Javier Milei e insistida por el Poder Legislativo y ante la inminencia de un pronunciamiento judicial para exigir su cumplimiento.
El primer encuentro fue el jueves 5 y el segundo el pasado lunes. En esas reuniones, los funcionarios expresaron su voluntad de acordar en base a una propuesta concreta y llevarla al Congreso para su aprobación en extraordinarias.
El ofrecimiento incluye un aumento por 2025 en tres cuotas de acá a septiembre, reabrir inmediatamente la paritaria docente y no docente, atar los gastos de funcionamiento a la paritaria y un extra de $80.000 millones para los hospitales universitarios.
«Expresamos que no iba a prosperar desde el CIN», indicó uno de los rectores presentes que también estuvo en diálogo con los gremios, que también evaluaron como insuficiente la iniciativa.
«Les hicimos una devolución para que consideraran más puntos y después el segundo borrador que leímos, que supuestamente se presentaría, es inclusive más insuficiente que el primero. Es más restrictiva la segunda propuesta que la primera», reveló.
Desde entonces, no hubo mayores contactos. “Habíamos propuesto que la ampliaran y la redujeron. El lunes pasado fue la última reunión y ese fue el último intercambio”, remarcó.
Es por esto que el planteo de este conglomerado será el cumplimiento de la ley ya existente. Se está redactando por estas horas un comunicado para ratificar esa posición. La norma actualiza el presupuesto de salarios y funcionamiento por la inflación oficial desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Según los cálculos del CIN, y gremios implica una erogación de entre el 50 y el 64% para pagar salarios.
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«Vamos a sostener la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno debe cumplir, por eso fuimos a la Justicia y obtuvimos un fallo favorable sobre la medida cautelar y el Gobierno la apela para dilatar su cumplimiento. Por eso está intentando modificar la ley», interpretaron los rectores.
El proyecto que redactan las autoridades de Capital Humano no se conoce y en el Congreso aguardan su arribo en el periodo extraordinario. En los pasillos de Diputados se especulaba con que este miércoles se discutiera en comisión, pero reconocen que el oficialismo requería el acuerdo del sector universitario para poder tratarlo.