El gobierno de Israel aprobó registrar amplias zonas de Cisjordania ocupada como «propiedad estatal», una medida que la Autoridad Palestina calificó como una escalada grave y un paso hacia la anexión del territorio.
El anuncio, difundido por medios israelíes, reavivó las tensiones en la región y generó advertencias sobre su impacto en el derecho internacional y la estabilidad política.
La decisión marca la primera medida de este tipo desde el inicio de la ocupación. La iniciativa fue presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, junto al ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz.
Analistas señalaron que la decisión equivale a una anexión de facto del territorio palestino. Advirtieron que el cambio podría transformar profundamente el panorama civil y legal de Cisjordania al eliminar lo que los ministros israelíes describieron como «obstáculos legales» para la expansión de asentamientos.
Desde Ramala, el analista político Xavier Abu Eid afirmó que Israel está «empaquetando la anexión en un movimiento burocrático». Recordó además que la Corte Internacional de Justicia sostuvo en 2024 que las acciones israelíes en la zona equivalen a una anexión. «No es solo un paso hacia la anexión. Estamos experimentando anexión en este momento», declaró.
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LA REACCIÓN PALESTINA
En un comunicado oficial, la Autoridad Palestina advirtió sobre «consecuencias graves» por la decisión israelí y la calificó como una escalada peligrosa y una violación flagrante del derecho internacional.
La Presidencia palestina sostuvo que clasificar tierras de Cisjordania como propiedad estatal constituye una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad regional.
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El texto señala que la medida equivale a la anexión de territorios palestinos ocupados y representa el inicio de la implementación de planes destinados a afianzar la ocupación mediante la expansión de asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional.
Además, la Autoridad Palestina afirmó que la decisión contradice resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la Resolución 2.334, que establece que los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este, carecen de validez legal y constituyen una violación del derecho internacional.