Por Gonzalo Ruanova
La situación de la Policía de Santa Fe nos obliga a poner en debate la parte fundamental de un sistema de seguridad pública: sus policías. La idea de que aquel que elige iniciar la carrera policial lo hace por vocación deja afuera a aquellos que lo hacen como una salida laboral.
Como cualquier actividad o profesión, ser policía es una elección. Tiene muchas motivaciones y razones, y una muy extendida -quizá, más de lo que muchos imaginan- es la posibilidad de tener un ingreso y una obra social.
La selección del personal para incorporarse a una fuerza de seguridad (lo que requiere otro debate y discusión profunda) en las escuelas y cursos de formación de fuerzas federales y provinciales refleja que muchos de los hombres y mujeres que se inscriben lo hacen buscando un trabajo que les brinde un salario, una carrera dentro de la fuerza y una cobertura de salud.
Vale la metáfora: eligen una profesión pensada para darle seguridad a la sociedad y ellos buscan, con derecho, otras seguridades: un trabajo estable, con ingresos y prestaciones sociales y de salud.
Las autoridades políticas, un problema para la policía
Acá aparece un primer problema. Las autoridades políticas, las que conducen las áreas de Seguridad y deben darle una mirada moderna y ágil a los centros de formación, están demasiado lejos de esos temas y delegan en las autoridades policiales la selección, formación y conducción de los policías.
Hoy, un policía ingresante a una fuerza tiene un salario de unos $800.000. La mayoría, por lo limitado de ese salario, requiere de otro ingreso para cubrir sus necesidades básicas. Basta mirar las estadísticas para notar algo: la cantidad de policías que manejan autos de aplicación, hacen repartos por plataformas o publican en sus estados de WhatsApp ofertas de venta de ollas, sartenes, cremas y cosméticos.
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La escala salarial de los últimos dos años tuvo actualizaciones menores. Eso genera un estado de malestar, que se agudiza por la reducción de prestaciones de la obra social. Surgen, por eso, excesos de horas extras sin el descanso necesario que debe tener un agente que porta un arma y tiene la tarea delegada del estado de poner orden.
Las políticas de seguridad que se basan en anuncios rimbombantes e imposibles de cumplir (el FBI argentino con autos repintados y gomas lisas), puestas en escena y shows como aquel de «vamos a derribar aviones narcos con misiles», cuando pasa el efecto taquillero dejan salarios deteriorados, equipamiento deficiente, capacitación escasa, cobertura médica en crisis, carrera profesional sin ascensos, sin premios y sin castigos.
Es un discurso que dura un tiempo, pero es un debate vacío, que genera indignación selectiva y deja como pésimo resultado a policías mal pagos, sin helicópteros funcionando y sin renovación de patrulleros. El decorado del show mediático se cae cuando los reclamos toman estado público. Hay que dimensionar el alcance del problema. Si sumamos las fuerzas federales, las policías provinciales y los servicios penitenciarios federal y provinciales, llegan a más de 1 millón de integrantes.
Es imprescindible debatir con la seriedad que tiene el tema y con la sinceridad de aceptar la nueva etapa. Ser policía es un trabajo. Tiene muchas responsabilidades delegadas, y debe tener derechos necesarios para luego exigir un cumplimiento de la tarea que nos de tranquilidad y seguridad.
Construir orden es un valor profundamente democrático. El desorden lo sufren los que menos tienen, que no pueden pagar seguridad privada, cámaras, alarmas o vivir en barrios privados. El orden democrático es asumir la responsabilidad de ejercer el uso de la fuerza legal que tiene el Estado. Una política de seguridad moderna requiere cuidar a sus policías, formarlos de manera adecuada y equiparlos con los medios necesarios para su tarea.
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Y proponerles una carrera profesional que tenga incentivos (económicos y de formación) para el que trabaja bien, y no solo el paso del tiempo traiga un ascenso. Requiere, además, estar en el territorio para entender donde trabajan y en qué condiciones. Y un sistema de apoyo profesional interdisciplinario para contener a quienes tienen que intervenir en situaciones de uso de armas.
Todo eso requiere un claro compromiso de las autoridades políticas para premiar a los miles de policías que trabajan bien y son fundamentales para prevenir y cuidar a millones de argentinos.
Ser policía es un trabajo. Ser ministro de Seguridad, también: no es solo sacarse fotos.