La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei recibió el rechazo de más de 500 intendentes de todo el país, quienes, aseguraron a través de un escrito que «no tiene nada de moderno», promueve la «precarización absoluta del trabajo» e implica «volver a la Argentina del 1900». Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante con las negociaciones en distintas provincias en busca de la aprobación del proyecto.
Los jefes comunales, que pertenecen la Federación Argentina de Municipios (FAM), cuestionaron en duros términos el proyecto de ley propuesta por la La Libertad Avanza, será tratado en el Congreso de la Nación durante el período de sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero.
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La iniciativa, redactada por el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco del Consejo de Mayo, fue calificada por los intendentes como un proyecto que «no genera empleos, sino que acelera municipios que las integran puedan proveer al bien común ocupándose de todo aquello que ‘el mercado’ jamás cubrirá».
La FAM advirtió que la reforma, promovida como un «modernización laboral» por parte del Poder Ejecutivo, «no tiene nada de moderno». Recordaron que hace 25 años, durante el gobierno de Fernando De La Rúa, se impulsaron cambios en el mismo sentido a través de la «tristemente recordada ‘Ley Banelco’», cuya denominación popular se refería a las denuncias por sobornos contra el gobierno que por entonces integraban la actual senadora de LLA, Patricia Bullrich, junto con Sturzenegger.
Municipios advierten sobre las consecuencias de la reforma laboral
La Federación Argentina de Municipios afirmó que las consecuencias de una reforma laboral como la que impulsa Milei la sufrirán «las y los trabajadores», pero también recaerá «en toda la sociedad, porque a menor masa salarial formal, menos consumo estable y más precariedad con impacto en toda la actividad económica».
En ese sentido, recalcaron que, al afectarse la economía, las provincias y los municipios verán afectada su capacidad de hacer frente a las demandas cotidianas de los ciudadanos en materia de salud, educación, seguridad, rutas, transporte y acceso a viviendas.
Uno de los puntos polémicos de la reforma laboral libertaria es la modificación del impuesto a las Ganancias, hecho que genera resistencia entre los gobernadores. En ese sentido, los jefes comunales plantearon que apunta a modificar «la estructura tributaria que sostiene el principio constitucional de federalismo» y advirtieron que, de consumarse, generará «que los jóvenes no tengan futuro».
Sobre el final, advirtieron que la aprobación de la reforma del oficialismo traerá «consecuencias terribles» para todos los sectores de la sociedad, por lo que reafirmaron que se opondrán «con todas las herramientas de la democracia y con toda la convicción de que la justicia social, ese concepto que Milei dice odiar, prevalezca en nuestra sociedad».