Los beneficiarios del fallo que obliga a la Argentina a pagar USD16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012 presentarán este jueves ante la jueza Loretta Preska un escrito formal solicitando que se declare al Estado nacional en desacato y se le apliquen sanciones económicas.
El especialista que sigue de cerca los pormenores del juicio derivado de la estatización de la compañía petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner, Sebastián Maril, informó que este 15 de enero el fondo Burford Capital y otros de los demandantes «presentarán su primer escrito a favor de declarar a la República Argentina en desacato y aplicar sanciones».
«El país se defenderá el 19 de febrero, presentando su propio escrito», puntualizó Maril, quien agregó que «estas presentaciones resultan del supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos».
Esos pedidos de los intercambios incluyen al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor en ese cargo, Sergio Massa. Según precisó el experto a través de su cuenta de X, «ya lo han hecho la gran mayoría» de las autoridades requeridas. «Pero, al 12 de enero, restan 6 que no», precisó.
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Fuentes de la Procuración del Tesoro afirmaron que «Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes».
«Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y ex funcionarios involucrados», señalaron, al tiempo que destacaron que «la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria».
A la espera de las definiciones sobre el juicio por la expropiación de YPF, este expediente paralelo reactivó la tensión en la Justicia estadounidense, donde Preska, magistrada titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el cronograma de presentaciones hecho por los demandantes de Argentina para avanzar con la solicitud de de sanciones por desacato, y fijó una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo.