El secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, de que la Provincia del Chaco no está obligada a abonar haberes, ni a mantener subsidios estatales a docentes irregulares vinculados a la fundación Valdocco.
En este sentido, la Cámara de Apelaciones Multifueros del Chaco revocó la sentencia dictada el 22 de diciembre y rechazó el amparo presentado por dicha Fundación, que pretendía que se continuara pagando el sueldo a docentes que no acreditaban debidamente su relación de dependencia laboral. Esta Fundación, es una entidad dirigida por el actual diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina.
Gutiérrez recordó que, durante las inspecciones realizadas en los meses de junio y octubre, se constató la presencia de apenas 10 personas trabajando, mientras que se transferían sueldos correspondientes a casi 100 trabajadores.
“Esto motivó a que desde el Ministerio de Educación se intime a la fundación a dar de alta a los docentes. Además, el nivel secundario y el nivel terciario no funcionaban, mientras el titular de la fundación hacía propaganda en Santa Cruz diciendo que era rector en el Chaco y que era candidato a diputado nacional por esa provincia”, sostuvo.
Asimismo, aclaró que la investigación determinó que muchos de los docentes que pretendían percibir haberes tenían domicilio en Caleta Olivia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Catamarca y algunos en Chaco. “La Cámara, por unanimidad, determinó que era totalmente errónea la decisión del juez de primera instancia, que obligaba al Gobierno provincial a pagar cientos de millones de pesos a personas que ni siquiera se encuentran en el Chaco”, destacó.
Gutiérrez remarcó además que, en la última inspección realizada con intervención judicial y la participación del subsecretario de Minoridad, se constató que no había más de ocho personas cuidando a niños, sin contar con las habilitaciones judiciales correspondientes.
“Son chicos que están alejados de sus padres, ya que se encuentran en Vedia, mientras que sus familias algunas residen en la zona de El Impenetrable. No podemos permitir una situación de ilegalidad, porque no se puede tener niños internados sin tutela de tipo judicial, situación que tendremos que trabajar en un sistema de revinculación con sus familias a largo plazo”, agregó. En ese sentido, indicó que el Juzgado de Familia interviene en la evaluación y resolución del daño y perjuicio no sólo en materia de educación, sino también familiar. “Además no han presentado ningún tipo de balance de los fondos que recibía en concepto de sueldos y otros de Lotería Chaqueña”, concluyó.