El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, afirmó que «la emisión incontrolada de moneda sin respaldo real también está en contra de la Constitución», al analizar los límites jurídicos de una eventual dolarización de la economía argentina.
En ese sentido, explicó que la moneda cumple funciones de medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, y sostuvo que la Argentina «no puede tener una única moneda que sea extranjera« porque no puede emitirla, acuñarla ni fijar su valor, lo que «está prohibido en la Constitución».
El magistrado recordó que la Carta Magna obliga a «defender el valor de la moneda», lo que implica una relación entre base monetaria y reservas, y advirtió que aumentar la oferta de pesos sin respaldo «disminuye el valor intrínseco» de la moneda nacional.
Rosatti señaló que la dolarización puede ser utilizada como referencia o reserva de valor, pero marcó que la experiencia de la convertibilidad mostró los límites de atar el peso a una economía «mucho más grande y próspera» como la de Estados Unidos.
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«Lo que sí puede hacer la moneda argentina es compararse con otra moneda, como ocurrió en la convertibilidad», indicó, aunque remarcó que esa paridad no es reversible y que la Argentina «no puede regular el valor» de divisas extranjeras como el dólar o el real.
Consultado sobre si sus advertencias públicas contra la dolarización influyeron en el giro del actual Gobierno hacia el fortalecimiento del peso, respondió que sería «presuntuoso» pensarlo y sostuvo que «la que manda es la Constitución», más allá de cualquier mensaje político.
«En lo único que me fijo es en la Constitución y en las leyes», enfatizó el presidente del máximo tribunal al ser interrogado sobre si el presidente Javier Milei le hizo llegar alguna posición respecto de sus críticas a la dolarización.
Rosatti aseguró que su vínculo con los jefes de Estado con los que convivió en la Corte —Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei— fue «prácticamente nulo» y subrayó que ninguno de ellos lo llamó «por el destino de un expediente».
«El hecho de que Macri se haya arrepentido de mi designación en su libro habla bien de él y habla bien de mí, porque demuestra que no fui propuesto para decir que sí a todos», señaló el juez.
El magistrado sostuvo que el control de constitucionalidad en la Argentina es «difuso», lo que significa que «cualquier juez» puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, y que la Corte actúa como vértice unificador, lo que demora la consolidación de criterios.
En relación con el debate por la reforma del Código Penal, Rosatti consideró que el texto actual está «absolutamente descompensado» por más de 200 modificaciones parciales y planteó que una verdadera actualización debería hacerse «desde tabula rasa», comenzando por el homicidio simple.
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Indicó que el país enfrenta hoy delitos «transnacionales y sofisticados» que no estaban previstos en el diseño original del Código, y reclamó una regulación específica para los delitos complejos y tecnológicos, integrada en un esquema básico coherente.
Sobre el rol de la política, sostuvo que la Justicia «está para hacer sentencias», mientras que la dirigencia debe «transformar la realidad, fundamentalmente de las personas que están en situación desventajosa».