La Justicia federal ordenó este viernes la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y suspendida por un decreto del Gobierno nacional. La decisión reactivó un fuerte respaldo por parte de instituciones y organizaciones de Santa Fe, que celebraron la medida y pidieron al presidente Javier Milei que respete el fallo y se abstenga de apelar.
Desde Rosario, la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (ATRAES) celebró la resolución aunque advirtió que habrá que esperar los próximos pasos del Gobierno. Su presidente, Pablo Bolego, expresó “hoy, con este fallo, la ley debe cumplirse. Lo celebramos tras el derrotero vivido en el Congreso. Sabemos que el Gobierno nacional probablemente apele, pero hoy podemos decir que se hizo justicia”.
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Se hizo Justicia: se ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Por su parte, las instituciones santafesinas nucleadas en APRIDIS también destacaron el pronunciamiento. Su presidenta, Mariel Chapero, afirmó “celebramos la sentencia. La ley fue votada cuatro veces y el juez entendió que suspenderla violaba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora es fundamental que el Ejecutivo respete el fallo”.
El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, restableció la vigencia de la ley luego de hacer lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones vinculadas a la asistencia de personas con discapacidad. En consecuencia, el Ejecutivo deberá pagar a los prestadores y talleres protegidos, obligaciones que habían quedado frenadas por la suspensión.
Asimismo, el magistrado declaró inválido el artículo 2° del Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había paralizado la ejecución de la ley argumentando la falta de definición sobre su financiamiento. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación implica un costo anual estimado entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Cabe recordar que la norma había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso y declaraba la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. Sin embargo, aunque el Ejecutivo la promulgó, decidió suspenderla, lo que derivó en protestas de familias, instituciones y prestadores, que denunciaron el deterioro de los servicios debido a la crisis económica y al desfinanciamiento.
El amparo que originó el fallo fue presentado por dos familias en representación de sus hijos con Certificado Único de Discapacidad, y rápidamente sumó el respaldo de asociaciones civiles de todo el país.
De esta manera, y tras semanas de tensión, la resolución del Juzgado Federal de Campana pone punto final a la suspensión y exige la aplicación plena de la Ley 27.793 en todo el país. Mientras tanto, el sector espera la reacción del Gobierno nacional y se prepara para un nuevo capítulo en una disputa que afecta directamente a miles de personas que dependen a diario de los servicios vinculados a la discapacidad.