Los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT Rosario), entre ellos Recolectores, Dragado y Balizamiento y Siconara, advirtieron que realizarán nuevas movilizaciones en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. Con la firma de Javier Milei, el proyecto ya fue enviado al Congreso y propone cambios en los derechos y modalidades de contratación de los trabajadores, incluyendo una reducción en el cálculo de las indemnizaciones, la fragmentación de las vacaciones pagas y la implementación de un banco de horas que reemplazaría las horas extra.
Desde la CATT ya advirtieron que “rechazan una reforma laboral que desfavorece a los trabajadores”. Además, este espacio inició movilizaciones junto con otras organizaciones sindicales y sociales en defensa de un trabajo digno, en las que también se incluyó el reclamo por una Navidad sin hambre, considerando la cercanía de las fechas. Cabe indicar que la CGT nacional ya anunció la realización de una gran movilización el próximo 18 de diciembre.
En este marco, Edgardo Arrieta, titular de la CATT local, señaló que “esto es simplemente una farsa para que cuatro o cinco vivos que siguen comandando la historia” se beneficien, en relación a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y “su alianza con los sectores económicos concentrados”.
Por su parte, Marcelo Andrada, Secretario General del Sindicato de Recolectores de Rosario, quien mantiene constantes reuniones con Arrieta, agregó: “Con el compañero evaluamos la situación política a nivel nacional y provincial y entendemos que se vienen más acciones para resguardar los puestos de trabajo frente a la reforma laboral de Milei”.
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Asimismo, la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, alertó sobre posibles medidas adicionales y subrayó que “todas estas manifestaciones responden a un escenario crítico en el que el Gobierno nacional, a través de sus políticas, generó más de 250.000 despidos en todo el país”.
Por último, advirtió que la situación podría agravarse si el Poder Ejecutivo implementa una reforma laboral que facilite la desvinculación de trabajadores.