La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por Leandro Santoro (UP), realizó este miércoles una reunión informativa sobre las partidas destinadas a este fin en el proyecto de ley de Presupuesto 2026.
Desde el Instituto Argentina Grande, señalaron que la inversión en la obra publica arrojo que “en 2023 se iniciaron 115 obras nuevas promedio por mes, durante 2024 y 2025 el promedio bajó a una por mes. Lo mismo sucede con las obras finalizadas: mientras que durante 2023 se terminaron 94 por mes, en el gobierno de Milei solo se terminaron 5 por mes, en promedio”,
Una mirada general nos permite corroborar que la obra pública está paralizada desde la asunción del gobierno de Milei, por causa de la caída del gasto de capital y la desfinanciación, a lo que se agrega, el cierre de los organismos ocupados de ejecutar obras públicas, hecho que significó un importante deterioro de la infraestructura del país y la casi inexistencia de obras nuevas.
Durante 2023 la inversión en gastos de capital del Estado Nacional fue USD 10.321,50 millones; en 2024 cayó a USD 2.437,88 millones (-76% en dólares) y en lo que va del 2025 ese gasto no se recuperó, a la vez que en el Presupuesto 2026, seguiría habiendo contadas obras en todo el territorio.
En representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Catalina Marino precisó que “el proyecto establece una partida de 32.713 millones de pesos para vivienda y urbanismo, que incluye apoyo a obras públicas y de integración, y tiene también asignados 312.265 millones a agua potable y alcantarillado».
Marino, apuntó que el proyecto de presupuesto 2026 presenta un aumento del 6% interanual respecto al 2025, aunque no compensa la caída de los últimos 3 años, resultando en una reducción del 24,6% comparado con 2023.
Es decir, los programas de vivienda y urbanismo, junto con agua potable y alcantarillado, muestran una reducción del 1,3% interanual respecto a 2025 y una caída del 91% en los últimos tres años, representando el 0,24% del gasto público total en comparación con el 4,96% en 2021.
Por otra parte, Marino señaló que “la suspensión o paralización de las obras de integración socio urbana impacta directamente sobre las más de 1,2 millones de familias que habitan en 6.467 barrios populares, donde el 85% no accede a agua corriente, el 97% carece de cloacas y el 70% no tiene electricidad formal. Y la situación se agrava con la disolución del Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana (FISU)”, resaltó.
Respecto de los servicios sociales, apuntó que el panorama es desalentador, porque si bien hay un aumento interanual del 6,5% para 2025-2026, pero registra una reducción del 15,9% en los últimos 3 años, siendo esta área la que más sufre el recorte del gasto público.
Luego, Fidel Ruiz, referente de “La Poderosa”, expresó su preocupación por la existencia del “flagelo del narcotráfico” en los barrios populares. “No estalla todo en los barrios populares porque hay un estado paralelo que es el narcotráfico, que además es quien regula el negocio inmobiliario allí, sumado a que dicha problemática de la vivienda se agrava cada vez más”, advirtió, al tiempo que subrayó que “tener una política habitacional es contrarrestar al narcotráfico”.
La directora del Área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguens, planteó que “la discusión se pueda dar en el contexto parlamentario de un presupuesto que sí esté orientado a garantizar derechos y a mejorar la vida de las personas”.