Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, presentaron los alcances del nuevo régimen de contrataciones del Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip), que introduce un esquema más ágil y eficiente para la adquisición de insumos y el desarrollo de actividades productivas en las cárceles.
“El objetivo es aprovechar el tiempo de internación con un fin útil, transformando la ociosidad en trabajo y capacitación”, explicó el ministro Cococcioni. “El Iapip necesita una lógica productiva que le permita funcionar con previsibilidad y eficiencia, y este régimen lo hace posible”.
Cococcioni puso como ejemplo los talleres de panadería que elaboran productos para consumo interno y venta al público, pero que debían tramitar un expediente por cada compra de harina, lo que demoraba la producción. “Este decreto simplifica esos procesos sin perder control ni transparencia”, añadió.
En este marco, el ministro afirmó que próximamente buscarán que «los presos sean los que solventen el servicio penitenciario y que el excedente pueda ser volcado a la sociedad«.
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, precisó que el trabajo en contexto de encierro forma parte del programa de tratamiento penitenciario individual que se aplica a cada interno. “Cada persona privada de libertad tiene un plan que define sus actividades formativas y productivas. Su cumplimiento influye en la calificación y en la posibilidad de acceder a beneficios legales, como salidas transitorias o libertades asistidas”, explicó.
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Por su parte, la directora del Iapip, Rocío Zanón, detalló que el instituto cuenta con talleres en casi todas las unidades penitenciarias de la provincia y que los internos que participan reciben una asignación estímulo. “Los talleres funcionan de lunes a viernes de 6 a 12, con producción textil, panificación, carpintería y herrería. Este decreto nos permite mejorar costos, planificar compras y garantizar precios más competitivos para el Estado”, señaló.
Cococcioni subrayó que la reforma se enmarca en una estrategia integral de reordenamiento penitenciario, posible tras resolver el problema del hacinamiento en comisarías. “Cuando asumimos, el desafío era trasladar a los detenidos al sistema carcelario. Hoy, con obras que incorporarán más de 7.000 plazas, podemos avanzar hacia una política moderna, que combine seguridad, eficiencia y oportunidades de reinserción”, afirmó.