La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja giró a la comisión de Asuntos Constitucionales un pedido para que ponga en tratamiento los proyectos referidos a interpelaciones y pedidos de informes por el caso de los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, que revelan una presunta red de coimas que involucraría a importantes funcionarios del Gobierno.
Las distintas resoluciones impulsadas por la oposición tienen como cabecera a esa comisión, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que en ocasiones anteriores ya fue emplazada en varias oportunidades.
Además, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, anticipó que la semana que viene volverán a reunirse para avanzar con un proyecto que disponga que se vuelva a dar de alta a las pensiones suspendidas durante la gestión de Spagnuolo, además de comenzar a tratar una reforma.
En primer lugar, el diputado socialista Esteban Paulón recordó que la discapacidad fue “un área de las más estigmatizadas por este Gobierno” que “se empeñó en vincular cada derecho conquistado con un supuesto curro de la casta política”. En ese marco, hablaron de que “las pensiones estaban infladas, que personas que no necesitaban el CUD lo tramitaban, que tenían el privilegio de no pagar los peajes”, señaló.
“En el medio del estigma vino el maltrato, las colas interminables, las auditorías fantasmas, las notificaciones a domicilios truchos para dar de baja las pensiones por discapacidad”, recordó el santafesino.
Sobre su pedido de interpelación, afirmó que quedó “abstracto” en cuanto a Spagnuolo, “pero sí hay una funcionaria que sigue estando y que es la que tendría que ver con este esquema de recaudación, y que es la funcionaria que como tiene pánico de que se le escuche su voz, pidió a un juez violar abiertamente la Constitución Nacional, en un acto claramente inconstitucional de censura previa”, dijo en referencia a Karina Milei.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva expresó: “No vamos a aceptar que la única respuesta del Gobierno sea correr al funcionario del que surgen estos audios escandalosos y no avanzar con una sola respuesta por parte de los funcionarios involucrados”. “No vamos a aceptar que la única respuesta sea no seguir brindando información”, enfatizó.
“Este Gobierno aspira a la degradación institucional constante, lo que no podemos permitir es que aspire a cerrar este Congreso”, añadió la bonaerense, que desafió a que “si tenemos que crear 100 comisiones investigadoras para que los funcionarios sean obligados a comparecer y dar declaraciones”, lo hagan. “Agotemos todas las vías que tengamos que agotar”, sumó.
En su intervención, Eduardo Valdés criticó que “Spagnuolo se llenó la boca con la palabra auditoría. Y en distintos medios se reflejó como en 2024 y 2025 la dirección de la ANDIS se floreaba con la palabra auditoría. En este Gobierno, esa palabra significa recortar derechos”.
“Spagnuolo dice en los audios que (Federico) Sturzenegger lo obligó a reducir drásticamente el área de auditoría de la ANDIS. De 16 personas quedaron 4. ¿Así auditaron a 110 mil personas? ¿O fueron bajas sin revisión, como también se desprende de los audios? ¿Por qué Sturzenegger decidió vaciar el área? Para poder recortar derechos y para que no se controlen los contratos con las droguerías”, observó el legislador de UP.
Por su lado, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo destacó la “tarea extraordinaria, impresionante” del colectivo de personas con discapacidad en contraste con “la hipocresía sin límites del Gobierno”. “Donde decían que no había plata congelaron las prestaciones, liquidaron 110 mil pensiones. Hay plata para las coimas y no hay plata para los discapacitados; hay plata para sobreprecios en el Pami, pero no para un aumento módico para los jubilados, y esto está indignando a mucha gente”, advirtió.