El juez federal Sebastián Casanello prohibió ese viernes la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, informaron fuentes judiciales.Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro ex funcionario imputado que también fue allanado este viernes.
El magistrado tomó esta resolución tras encontrar a Spagnuolo en una casa de Pilar, donde le secuestró dos celulares, una importante suma de dinero y una máquina de contar billetes.
En ese marco, la prohibición de salida del país es una de las primeras medidas cautelares que suelen adoptarse en investigaciones de corrupción complejas, ya que permite a la Justicia garantizar la disponibilidad de los imputados para futuras citaciones y evita que se diluya el rastro de pruebas cruciales.
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Además de Spagnuolo, la medida de Casanello alcanza a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, incluyendo a los integrantes de la familia Kovalipker y a los responsables de la droguería Suizo-Argentina, quienes también tienen vedado salir del país mientras se avance en la investigación.
Fuentes judiciales señalaron que la decisión responde a la necesidad de preservar la prueba y evitar cualquier riesgo de fuga, especialmente en un caso que involucra transferencias de dinero y documentación sensible vinculada a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
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Además, la Justicia continúa analizando los audios y documentos secuestrados, que según la denuncia inicial incluyen indicios de porcentajes de coimas y distribución de pagos entre los implicados.
Asimismo, se espera que el juez Casanello ordene nuevas medidas, incluyendo la revisión de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y esclarecer el rol de cada actor en la presunta estructura de recaudación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.