Un fuerte malestar se generó en el municipio de Escobar por la sorpresiva decisión del Gobierno nacional de desmantelar una base clave de Prefectura Naval Argentina en el distrito. Se trata de la División de Seguridad Ciudadana ubicada en Belgrano 657, en Belén de Escobar, cuyas oficinas este lunes amanecieron vacías.
La división se encarga de patrullar y controlar diversas zonas del país, tanto en áreas urbanas como rurales, para colaborar con la seguridad de los ciudadanos.
Y la decisión la tomó el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, sin avisar ni consultar, e incumpliendo un convenio que la misma ministra había firmado cuando era parte del gobierno de Mauricio Macri.
Base de Prefectura: una decisión “inconsulta”
La acción implica que en este momento las oficinas -cuyo alquiler es pagado por el municipio- estén vacías y el personal, estimado en unos 75 efectivos, ausente.
La secretaria de Seguridad de Escobar, Rocío Fernández, repudió la decisión e instó a las autoridades nacionales a reverla: «Es gravísimo que se retire la División de Seguridad Ciudadana de esta fuerza federal, y mucho más de esta manera intempestiva e inconsulta».
También inició gestiones ante las autoridades de la Provincia para que acompañe el reclamo del municipio de retrotraer esa decisión unilateral y discrecional.
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Esta tarde, Fernández brindará una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles de la situación y las medidas que tomará el municipio ante lo que definieron como “un nuevo atropello” de parte de las autoridades nacionales.
Hay que recordar que hace sólo un mes la Cámara Federal de San Martín le dio la razón al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que había pedido a la Justicia tirar para atrás la resolución del Ministerio de Economía de la Nación que intentaba restringir el cobro de tasas municipales en las boletas de las empresas de servicios como Edenor.
El intendente de Escobar, contra Caputo
El fallo significó un fuerte cachetazo para el presidente Javier Milei y su ministro Luis Caputo, quienes vienen intentando bloquear ese mecanismo de recaudación desde hace un año.
La decisión, firmada por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, reconoció la validez del convenio entre Moreno y Edenor y declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones de Comercio, ENARGAS y ENRE que intentaban modificar el esquema vigente.
Lo determinado en segunda instancia confirma lo establecido por el juez Federal Adrián González Charvay, titular del juzgado federal de Campana. Es decir que ratifica también la autonomía de los gobiernos locales.
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La polémica surgió en septiembre de 2024, cuando la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente de Caputo, emitió la Resolución Nº 267, mediante la cual se prohibía que las tasas incluyeran cualquier concepto que no correspondiera al precio contratado por el consumidor.
En aquel momento, Sujarchuk le pidió a Caputo que deje de lado «las bravuconadas y los ataques a los municipios», y lo invitó «a trabajar juntos pensando cómo mejorar la calidad de vida de nuestra gente».
Hay que destacar que, de haberse mantenido dicha resolución, hubiera tenido un severo impacto en el desarrollo del partido de Escobar