La batalla judicial por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión. Mientras la Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera, la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.
La orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaban un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF. En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF «causaría un daño irreparable a la República» y «podría desatar un conflicto diplomático significativo» con Estados Unidos.
Según trascendió, la información requerida por la letrada, involucra una amplia gama de comunicaciones, como mensajes personales, correos electrónicos oficiales y personales, y también contenidos de servicios de mensajería, como WhatsApp. Incluso, información de Banco Central.
Te puede interesar:
El CEO de YPF, Horacio Marin, dijo que no puede «opinar de un juicio que no le corresponde a la compañía»
Qué fue lo que ocurrió en el juzgado de Preska
La audiencia de este martes en el juzgado de Preska se limitó, de manera exclusiva, a la discusión sobre la prueba a producir (discovery) con vistas a la potencial ejecución de la sentencia. La jueza resolvió diversos pedidos efectuados por los demandantes desde hace un año.
Además, se autorizó discovery sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA. La medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, porque vulnera la soberanía y, según afirman, no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República.
Si bien el caso contra la Argentina se encuentra en apelación, el gobierno de Javier Milei considera que ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, ya que entregó a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países, indicaron fuentes oficiales.
Una fuente cercana a la Casa Rosada le dijo que es “evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery” y sostuvo que “su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”.
En tanto, la República Argentina dice que está “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes, y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”.