La diputada nacional Carolina Yutrovic, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, ignoró el receso parlamentario de invierno para debatir el “sobreendeudamiento” de las personas.
Esta situación que arrastra a gran parte de la sociedad se profundizó en 2024 con el cambio del modelo economíco, hecho que impactó fuertemente a los sectores más vulnerables de la población, producto de la contratación de nuevos créditos bajo condiciones abusivas, a lo que se sumo el acoso por parte de agencias de recupero.
Especialistas, funcionarios y referentes de asociaciones de consumidores, expusieron sobre la temática.
Yutrovic alertó sobre datos del INDEC que están mostrando un nivel de endeudamiento de los hogares argentinos que “realmente es alarmante”, tales como que el 91% de los hogares argentinos tienen deudas; y de ese 91%, hay hogares que tienen más de dos o tres endeudamientos, que “hacen una realidad que preocupa, angustia. ¿Qué podemos decir de un jubilado que se tiene que endeudar para poder pagar sus medicamentos?”.
Sin embargo, dijo que no se pretende quitar la responsabilidad que les cabe a los consumidores deudores, sino que esas personas tengan un trato justo y humano.
El primer expositor fue Adrián Ganino, secretario especializado en Relaciones de Consumo de la Municipalidad de San Martín, quien puso énfasis en el incremento del endeudamiento,y la necesidad de detener el avance de las empresas en instancia de ejecución de deudas. “Esos créditos tienen que otorgarse medianamente con alguna responsabilidad de los proveedores”, observó el funcionario, que destacó la necesidad de que los proveedores deban analizar la capacidad crediticia de ese adulto mayor, previo a otorgar los créditos.
Claudio Hugo Fede fue uno de los dos magistrados presentes durante esta reunión. Juez civil y comercial en el Juzgado N° 7 de San Martín, Fede comentó que no se cuenta con la herramienta para afrontar las situaciones que se plantean con el consumidor sobreendeudado, estimando que a los comerciantes se les puede aplicar la Ley de Quiebra, pero no al individuo, al trabajador, sostén de familia. “Los requisitos que hacen al patrimonio comercial de una persona que entra en cesación de pagos no son los mismos para quien tiene que bancar la realidad familiar todos los días”, dijo.
El juez pidió ver cuál es la mejor herramienta que se puede obtener para que las soluciones lleguen a tiempo.
Educación financiera
Representante de Consumidores Libres, Magdalena Puntas hizo hincapié en la falta de educación financiera que tienen las personas. Lamentó que cuando los usuarios llegan a la asociación “ya están al borde de los embargos y no podemos hacer nada, salvo decirles que vayan a Defensa del Consumidor, que no puede hacer mucho”.
“Cada vez que viene algún usuario con este tipo de problemas tratamos de buscarle la solución y recomendarle que traten de no tomar otro crédito para pagar esa deuda. Al querer pagar, a veces nos vamos metiendo más en la deuda y así no van a poder salir nunca”.
El encuentro contó con la presencia de extranjeros, que aportaron la experiencia en sus propios países. Fue el caso de Ted Mermin, director del Centro de Derecho de Consumidores de la Universidad de California, en Berkley, quien dijo haber tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre cómo proteger los derechos de los consumidores.
“La respuesta corta es mediante la aplicación de la ley -dijo-. Argentina está entre los pocos países que ya cuentan con el sistema de acciones colectivas. Pero no es suficiente depender de esas acciones”.
“También necesitamos asegurarnos de que las personas que tienen deudas, o que los cobradores dicen que tienen deudas estén protegidas contra abusos de los cobradores”, agregó, comentando que en California el 90% de los demandados por una deuda no se presentan para defenderse en la Corte. Ese es un problema de acceso a la justicia. Tenemos leyes que exigen que los cobradores deben presentar pruebas de que están demandando a la persona correcta y por el monto correcto, pero muchas veces esas leyes no se aplican porque los consumidores no las conocen y no tienen acceso a un abogado”.
Durante las exposiciones, el diputado de UP Daniel Arroyo habló de la necesidad de contar con una ley marco. “Este es el tema social más crítico, y lo masivo es el desendeudamiento de las familias”, señaló, pidiendo prestar especial atención a los que se endeudan para vivir. “En mi opinión, el concepto de sobreendeudamiento viene dado por el ‘recrédito’, (que es) cuando (el consumidor) toma otro crédito para pagar otra deuda. El concepto requiere un tratamiento legislativo específico. Dentro de esto, la oferta de crédito ha crecido brutalmente”, comentó.
También habló Julio Baltazar Durand Carrión, especializado en Protección al Consumidor, que detalló la experiencia peruana. “Tenemos varias regulaciones que nos pueden ayudar a encontrar una solución”, comentó y puso como ejemplo la existencia de una central de información de todos los consumidores. “Si uno quiere sacar un crédito de otra entidad financiera no puede, porque todo está interconectado. O sea, si estoy muy endeudado, ya no puedo contraer deuda con otra entidad”, ejemplificó. Precisó además que cuentan con un sistema de comunicaciones administrativas, que establece que cuando alguien tiene una deuda con un banco, solo pueden llamarlo en horario de oficina. Sábados y domingos no se permite. “Siempre las cobranzas se hacen en horario de oficina y solo al titular del crédito, no al vecino, o al papá o la mamá…”, explicó.
Al otorgarse un crédito el banco debe cumplir una norma de tres pasos, comenzando por comunicarse inmediatamente vía whatsapp para verificar si la persona ha contraído esa deuda. Luego el contrato debe ser aprobado por la autoridad administrativa. Hay además en Perú una ley especial de conductas financieras, según la cual los bancos que no respetan las normas y dan crédito a diestra y siniestra, son sancionados.
A su turno, Samanta Lagrutta, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor de Hurlingham, alertó sobre la publicidad engañosa y se quejó de que las empresas que otorgan los créditos nunca cumplen el deber de información. Valoró el papel de las audiencias conciliatorias y se quejó de que “no sabemos cuánto debemos, desde cuándo se originó una deuda”, y puso como ejemplo casos en que al usuario nunca le llegó la tarjeta de crédito, o nunca la activó, y tiene deuda por gastos de mantenimiento.
Habló también de las ciberestafas y sostuvo que “la mayoría de las entidades bancarias y financieras no quieren reconocer el deber de seguridad que tienen ante esto. Y no nos dejan transferir más de 300 mil pesos por mes, pero sí permiten que en 5 minutos nos saquen 3 millones de una cuenta”.
A continuación habló Juan Ignacio Cruz Matteri, abogado especialista por la Universidad de Salamanca dijo que el consumidor “es vulnerable per se, por la sola situación de ser consumidor”. Sostuvo que eso “no tiene que ver con su patrimonio, no es la cuestión material; lo que hace la diferencia entre consumidor y proveedor es que el proveedor tiene más manejo de información, tiene el monopolio de la información. El consumidor no, por más títulos de grado, siempre va a estar en inferioridad de condiciones”.
“Hay dos caminos: la acción individual, u otra forma de análisis, con acciones colectivas, que pueden nacer de una asociación de consumidores, o de una persona en particular”, señaló el abogado, advirtiendo que no hay una ley que regule lo que son las acciones colectivas, por lo cual pidió a los diputados ver la posibilidad de legislar en la materia. Porque de lo contrario deben manejarse con “precedentes de Corte” que mañana no se sabe si servirán. Además, “al proveedor le va también a marcar la cancha”, planteó.
También, expuso Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores; y estuvo presente Maribel Díaz, representando a la Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente (ACYMA).
Entre los pocos diputados presentes estuvo una oficialista: Lilia Lemoine, quien intervino sobre el final, manifestándose a favor de la necesidad de establecer educación financiera, razón por la cual el Ministerio de Capital Humano va a incluir esa materia dentro de la currícula de los estudiantes, anticipó. Se refirió también al tema las bases de datos ilegales, que también fue mencionado durante la jornada, señalando que “las entidades no te sacan del Veraz, y estamos trabajando en una modificación de la Ley de Datos Personales”.