El historiador y escritor Alejandro Olmos Gaona marcó la diferencia con la información que se difunde sobre la expropiación de YPF y el juicio que lleva adelante la jueza Loretta Preska en Estados Unidos a instancia de la ONG Republican Action for Argentina, que solicitó la revocación del fallo por la expropiación de YPF y dijo que se hace con la intencionalidad de perjudicar al peronismo en la próxima contienda electoral.
«En principio -dijo Alejandro Olmos- una de las cosas que me llamó la atención, es que cuando la jueza Preska condenó a la Argentina al pago de 16.000 millones de dólares hace dos años, todos los diarios, los periodistas, los economistas, es decir, para todo el mundo, el responsable fue Axel Kicillof. Pasó el tiempo y hace unas semanas la jueza ordenó al gobierno entregar las acciones de YPF para indemnizar al fondo buitre Burford Capital, que compró por 16 millones y medio de dólares buena parte de los derechos para litigar en favor accionistas minoritarios de YPF . Esto ya es demostrativo de la locura».
Burford Capital es un fondo de inversión con sede en Londres y Nueva York que se dedica a financiar litigios a cambio de una parte de las ganancias. En el caso de YPF, compró los derechos de juicio contra Argentina por la estatización de la petrolera a cambio de 17 millones de dólares y ahora reclama una compensación mucho mayor
Olmos Gaona expresó a Conclusión estar sorprendido que aun hoy en todos los medios, «se habla o hay algún comentario que el responsable es Kicillof por un lado. Y por otro lado, expresan que la Argentina no cumplió con las normas legales que regían este tipo de operaciones».
Y seguidamente aclaró: «Primero, cuando se expropiaron las acciones de YPF, lo único que se le pudo imputar a Kicillof, son declaraciones que hizo absolutamente superficiales al pasar sobre lo que había pasado con Repsol – YPF. Pero la realidad es que aquí Kicillof no decidió nada».
«La expropiación fue una ley del Congreso, la 26.741, que fue aprobada por la mayoría del peronismo, por la mayoría del radicalismo y por la mayoría de los legisladores provinciales. En el radicalismo no sólo votaron diputados ignotos, sino votaron Ricardo Gil Lavedra, Gerardo Morales, Mario Negri, Luis Naidenhoff, o sea los más relevantes, que ahora se hacen los distraídos y no dicen una palabra de esto. Ese es el punto. Esto no fue obra de Kicillof, sino fue una ley del Congreso», precisó el investigador.
Yo creo que esta difusión enorme, estos comentarios están direccionados a que un sector político, el peronismo, sea puesto como el responsable del desastre que significa la sentencia contra el Estado Nacional por YPF
Por otra parte, señaló que «no se cumplió con el estatuto de YPF. El estatuto de YPF, en su artículo 7º, establecía que cuando se hace una oferta de compra no se la puede hacer a una sola parte, hay que hacerla a todos, si usted quiere comprar más del 15% accionario.Esto se sigue sosteniendo hasta hoy. Acabo de ver últimamente publicaciones donde parece que esta gente evidentemente tiene una ignorancia absoluta del derecho».
Olmos Gaona, precisó que , no fue una oferta de compra, sino que «fue una expropiación, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Nacional. Se expropiaron las acciones. Entonces, ¿cómo se puede suponer que el estatuto de una empresa privada va a estar por encima de la Constitución? Esto ya es demostrativo de todas las falsedades que se han dicho».
La campaña electoral
«Lo que pasa es que estamos en campaña electoral. Kicillof es una de las figuras fundamentales, no porque sea candidato, sino porque en la provincia de Buenos Aires se juega quizás una de las partes más importantes del futuro eleccionario. Entonces, había que darle con todo. Aprovechemos, hablemos de YPF, hablemos que no se cumplió con el estatuto. Eso es toda mentira».
«Todo una mentira porque los documentos lo determinan categóricamente. Cuando el proyecto de ley fue al Congreso, yo lo estudié minuciosamente, y preparé un dictamen en disidencia para Pino Solanas, donde, si bien estábamos de acuerdo en el, 51% que se iba a expropiar, pedíamos que se expropiara el 25% de las familias Ezkenazi Y sosteníamos que, posteriormente, había que expropiar todo.Porque YPF siempre había sido una empresa emblemática del Estado Nacional», indicó el historiador,.
Sin embargo, se lamentó que «el kirchnerismo quiso expropiar el 51%, y el Congreso votó ese 51%. Los Eskenazi compraron a través de una maniobra, y no puede decirse que es un acto delictivo. Aunque eticamente, es reprobable, es un negocio descomunal, pero ellos se limitaron a pedir un crédito a un grupo de bancos y un crédito a Repsol. Entonces dijeron, bueno, con esta plata compramos primero una parte, y después compramos la otra. Y vamos a pagarle con la rentabilidad YPF».
Para el especialista, la ley de expropiación se votó en el 2012, y en esos tiempos “las empresas de Ezquenazi que estaban en Madrid, se vieron afectadas y empiezan a tener problemas. Hay un juicio de quiebra y en ese momento, supuestamente, hacen un acuerdo con estos señores de Burford por 16.600.000 dólares. Desde ese momento el juicio sigue a nombre de Peterson, no de Burford, y de otros dos inversores menores«.
“Si bien se cuestiona la legalidad del juicio, la ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos es clara y establece que un país puede ser sometido a esa jurisdicción si renuncia en forma expresa a la jurisdicción de su país», planteó.
Es muy raro lo que ocurre con la Procuración, es muy raro que la jueza se pase por encima la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, que está obligada a respetar, es decir, es muy raro que el juicio que inició la doctora Elisa Carrío en el 2008, para que se demostrara si la compra de YPF por los Esquenazi había sido un fraude, esté cajoneado por el juez Lijo desde el año 2008
Es decir, abundó Olmos, «aquí no renunció ni YPF ni la Argentina a la jurisdicción argentina. Y la jueza Loretta Preska hace una especie de extensión pretoriana, diríamos, de la ley diciendo que como YPF cotiza en la bolsa de Nueva York es posible demandarla”.
Conflicto de intereses
“Hay un tercer aspecto que me interesa poner en evidencia, el procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Santiago Castro Videla, ha sido socio del doctor Alberto Bianchi, que es un prestigioso jurista argentino, especialista en derecho administrativo, que fue testigo a favor de Burford en el juicio. Como esta situación determinaría que dada la asociación existente, el doctor Castro Videla no debería presentarse a ejercer la defensa argentina por la sociedad que tenía con Bianchi. El doctor Castro Videla se excusó y el que interviene es el subprocurador. Yo realmente no creo, por más que se ha excusado, que él no intervenga, esto es una ficción jurídica», apreció con ironía Olmos.
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Pero no todo quedó ahí, Olmos señaló que «otra de las cosas preocupantes es que hace unos días, se haya echado a más de 60 letrados de la Procuración, se ha suprimido la escuela de abogados de la Procuración, prácticamente ha habido una especie de desmantelamiento, porque habrían filtrado elementos a favor de Burford. Es un disparate y no resiste el menor análisis. Acá lo grave es que el procurador actual es el socio del que estuvo de testigo en contra de la Argentina».
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