Luego de que la Justicia suspendiera la disolución de los organismos de Vialidad Nacional que había impulsado el Gobierno, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) envió este miércoles un pedido formal al Congreso para que derogue el decreto presidencial que ejecutaba la medida.
El gremio conducido por Graciela Aleñá pidió al diputado Oscar Zago, presidente de la Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo del Congreso, que trate y derogue el Decreto 461/25 que ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
«La disolución de la DNV está argumentada en base a informes apócrifos del Ministerio de Desregulación, y nada menciona el decreto sobre quién o quiénes se harán cargo de la tarea que hoy realiza», indicó el STVyARA en el texto.
Te puede interesar:
Cattanzaro: «No se puede pensar la historia de la humanidad sin caminos, son herramientas de integración cultural y económica»
De acuerdo a lo manifestado en el pedido formal, «las únicas tareas determinadas en el decreto se basan en la vigilancia en cuanto a la seguridad vial, la creación de una agencia de control de concesiones, y el pase de todos los bienes muebles (maquinaria vial) e inmuebles al ámbito de AABE, y se omite designar a los organismos que llevarán a cabo las tareas que hace la DNV hasta el día de la fecha».
Además, agregó que «el cierre del organismo, lejos del pretendido objetivo del Gobierno nacional en cuanto a mejorar el funcionamiento y reducir el sobredimensionamiento de la estructura del Estado, representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria».
Te puede interesar:
El Gobierno apelará el fallo judicial que suspendió el cierre de Vialidad Nacional
La Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo es la encargada de tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, pudiendo derogarlos en caso de que sean rechazados por ambas cámaras.
La suspensión por seis meses de este decreto fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2, que hizo lugar a una medida cautelar, mientras que luego el Gobierno confirmó que iba a apelar el fallo.