La Comisión Bicameral del Defensor de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobó este martes por unanimidad, con el voto de sus diez miembros, la creación por resolución de un Consejo Asesor Técnico, en el marco del proceso de Concurso Público de antecedentes y posición para la designación del/a defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al respecto, la titular de la Bicameral, Natalia Sarapura (UCR) subrayó que “en consenso se ha tomado la decisión de crear un Consejo Asesor Técnico en el ámbito de la Bicameral que tendrá el carácter de asistencia técnica para todo el desarrollo del concurso público de oposición” mediante una elección que tenga “carácter federal y transparencia”. Asimismo, remarcó que “ratificamos la vocación de seguir con un proceso participativo”.
En el marco del proceso de selección de un nuevo Defensor, participaron de la Bicameral, organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma integral en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Siempre es importante la participación de la sociedad civil”, destacó Sarapura.
En tanto, Gala Díaz Langou, integrante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), alertó sobre el incremento de la pobreza en la niñez y dijo que “velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes es estratégico para el desarrollo del país”.
En la apertura de la segunda reunión informativa, Gabriela Tozoroni, representante de la Red Argentina no Baja consideró que “se deben profundizar los logros alcanzados por la defensoría”. Y definió que “el Defensor debe velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por ende, tiene que ocuparlo alguien idóneo, pero con una mirada política”.
“Necesitamos una defensoría fuerte, porque es la única que tiene la capacidad de recibir reclamos y representarlos, así como supervisar a las instituciones públicas o privadas pertenecientes al sistema de protección, roles fundamentales para velar por la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de los niños”, concluyó.
A su turno, Natalia Gherardi, referente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), evaluó que “la situación de las infancias es crítica”. Y concluyó: “La Defensoría debe asumir la responsabilidad que le indica la ley, debe enfocarse en lo que puede y debe hacer, en lugar de imaginar funciones que no tienen basamento en la legislación vigente”.
Alejandro Osio de la Universidad de La Pampa habló de la necesidad de una defensoría de niños, niñas y adolescentes que no solo cumpla formalmente con la ley, sino que sea efectiva en la garantía de sus derechos.
En la misma línea criticó la existencia de una mirada «reduccionista de la especialidad» reducida a una mera formación académica, y abogó por una «comprensión profunda del impacto del sistema público en menores». Esta comprensión requiere compromiso, entrenamiento continuo y la capacidad de analizar las experiencias «acumuladas para diseñar políticas públicas diferenciadas».
El enfoque del especialista se focalizó en la etapa de desarrollo particular de los niños, niñas y adolescentes, su proceso de adquisición de personalidad y autonomía. Esto implica que el Estado no solo debe crear un marco normativo y organismos, sino que asegure el cumplimiento real de los derechos, llevando el «deber ser» normativo a la realidad.
Para Osio, esto requiere responsabilidad «de prestación positiva por parte del Estado», con un órgano específico – la defensoría – encargada de gestionar eficazmente todo el sistema para asegurar la protección y el cumplimiento de los derechos de los menores.
Por su parte, Mercedes Mayol Lasalle, integrante de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), expresó que “una Defensoría fuerte, autónoma, comprometida con la perspectiva de Derechos Humanos y con mirada federal, es una herramienta imprescindible para garantizar el acceso equitativo a la dignidad y al bienestar desde los primeros años de vida”.