Los límites impuestos a las visitas que puede recibir Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, afectarían sus «derechos políticos y partidarios», según sostiene la defensa de la ex presidenta porque supeditan su «interrelación» con otros dirigentes a una autorización judicial previa.
Además, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy advirtieron que, si se confirma la necesidad de pedir permiso al Tribunal y fundamentar el motivo de cada visita por fuera del listado autorizado, habría un «desgaste jurisdiccional», informaron fuentes judiciales.
De hecho, el Tribunal Oral Federal 2 recibió ya por correo electrónico 702 pedidos para visitar a la ex mandataria en San José 1111, lugar donde cumple la citada prisión, desde que el abogado Gregorio Dalbón difundió en redes sociales la dirección electrónica oficial de esa dependencia con sede en Comodoro Py.
El presidente del Tribunal y juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, derivó todos esos pedidos a los abogados que representan a Cristina Kirchner en el caso Vialidad, Beraldi y Llernovoy, y les recordó que la norma establece que sean ellos quienes canalicen las solicitudes con su respectiva fundamentación en cada caso.
Los abogados apelaron ante la Cámara Federal de Casación la decisión vinculada a la entrega de un acotado listado de familiares, abogados, custodios y médicos que pueden ingresar sin permiso previo a ver a la detenida. Si se confirma esta decisión del Tribunal, se «limitaría los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner al supeditar su interrelación con otros dirigentes a una autorización judicial previa», explicaron.
Además, argumentaron que «la regla de conducta esencial en casos de prisión domiciliaria se limitaba a acatar la restricción ambulatoria durante todo el lapso de vigencia de la condena».
Los abogados sostuvieron que «cualquier limitación adicional suponía una potestad complementaria no prevista normativamente».
Los argumentos serán ahora analizados por la sala IV de la Cámara de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que son los mismos magistrados que confirmaron la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la ex vicepresidenta en la causa Vialidad.