El presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Jorge Tirabassi, focalizó sus críticas en las consecuencias del DNU 340 del Poder Ejecutivo Nacional, que desregula la actividad de la Marina Mercante y genera una pérdida grave de derechos laborales y una fuerte rebaja salarial. El marino consideró negativo para Argentina porque «favorece a grandes empresas internacionales, dejando al país dependiente de ellas en el transporte de mercancías y perjudicando la competitividad de las empresas nacionales, el empleo y la soberanía”.
Además, señaló que el impacto es “ devastador sobre el cabotaje nacional” y argumentó que la “desregulación del cabotaje, lejos de promover la libertad comercial, perjudica gravemente la economía al copiar modelos internacionales sin considerar las particularidades del país” y agregó , “el decreto deja a la Marina Mercante argentina a merced de cinco o ocho empresas internacionales que controlan el 50% del tráfico marítimo mundial. Esto resulta en una pérdida de soberanía económica, ya que estas empresas dictarán los precios del transporte, afectando la competitividad de las exportaciones argentinas y la viabilidad de las economías regionales”.
Tirabassi planteó que “la falta de regulación implica un aumento significativo en los costos de flete, impactando directamente en el precio de los bienes de consumo y el índice de precios al consumidor. Se destaca el contraste entre el aumento exponencial de los fletes internacionales durante la pandemia (10 veces) y la estabilidad de los precios en Argentina, gracias a la regulación previa. La eliminación de esta regulación se traduce en una potencial subida drástica de precios.
Este decreto no solo termina con nuestros trabajos. Termina con la Marina Mercante Argentina y pone en riesgo la soberanía económica sobre el comercio internacional
«El impacto en el empleo es devastador, afectando a miles de trabajadores directos e indirectos en la Marina Mercante y sectores relacionados, como astilleros y pymes«. El capitán de ultramar estima que al menos «12.000 trabajadores se verán afectados». Además, indicó que se pierde una «importante fuente de generación de divisas». Si Argentina participara en un 20% del flete internacional, ingresaría 1500 millones de dólares anuales, dinero que podría invertirse en modernizar la flota y los astilleros.
No es que reduce costos a nivel nacional. Nos dice que nos excluye expresamente de las condiciones laborales más favorables. Así lo dice el texto, textualmente
También apuntó contra la “falta de diálogo por parte del gobierno, que implementó el decreto sin consulta alguna con los sectores afectados”. La situación se considera urgente, con un plazo de seis meses estimado para la supervivencia de las empresas argentinas bajo las actuales condiciones. La solución requiere una acción inmediata del gobierno, pero la falta de voluntad política impide una resolución rápida del problema. Como medida de protesta, se anuncia un recurso de amparo ante la justicia.