Luego de la tercera postergación del debate para reformar el Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de los menores. En Diputados se reanudará el tratamiento del mismo el martes a las 16 en el marco de la reunión de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto y Hacienda.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, volvió a citar a una reunión a las 16 con el fin de firmar un despacho donde se buscará que tenga el máximo consenso. La intención del oficialismo es emitir dictamen de mayoría y llevarlo al recinto para que sea aprobado antes de fin de mes.
El oficialismo espera contar además con el apoyo de los diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica e Innovación Federal, y un sector de Encuentro Federal y del Frente Renovador, ya que sus diputados respaldan la baja de la imputabilidad de los menores.
Dentro de las iniciativas está incluida la enviada por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años. Este finalmente sería el número que oficialismo y bloques de la oposición dialoguista habrían acordado para avanzar en un despacho consensuado.
El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
Otro de los puntos de la propuesta del Gobierno es que el régimen penal de minoridad incluya programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.
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Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio.
El proyecto no solo se restringe al confinamiento en la cárcel ya que propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.
También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad.
La abogada, Rocío Alconada Alfonsín, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró en el marco de la reunión de las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, que hay una “distorsión de los datos” porque “los delitos de los menores han descendido” y “las sentencias de los menores respecto a los mayores significan el 0,3”.
Además, resaltó que el organismo recorre todo el país, y advirtió que “las diferencias en las provincias es muy grande” y “hay provincias que tienen un joven detenido, otras ninguno; hay provincias que no tienen centro de detención”. “Cuando hablamos de cuál es el presupuesto estamos hablando como si la realidad fuera homogénea y es muy heterogénea”, enfatizó.
“La totalidad de los chicos hoy en conflicto con la ley penal es de alrededor de 4.200, hay detenidos 850, de los cuales 710 están en centros de privación y los otros en centros de restricción”, precisó la letrada. Para luego añadir: “Es difícil decir que con esos números vamos a combatir la inseguridad; que los menores están poniendo en jaque la seguridad de los argentinos”.