Hace unos días se concretó, en la ciudad de Buenos Aires, el Encuentro anual de Delegados Diocesanos de Pastoral Social, preparado y animado por la Comisión Episcopal. En el encuentro se emitió un comunicado contra la baja de la edad de imputabilidad, proyecto que el gobierno nacional presentó en el Congreso, con la idea de bajar la edad de los 16 a 13 años. «Los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes», argumentaron desde Casa Rosada.
«En el marco de esa reunión se trato, con espíritu sinodal, acerca de distintos aspectos de la realidad que observamos en nuestros territorios y que nos preocupan. Teniendo en cuenta las problemáticas crecientes que ocurren en torno de la niñez, adolescencia y juventud», dice el documento. Los equipos de pastoral social de las distintas regiones del país enfatizaron las declaraciones de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en referencia a la propuesta legislativa de bajar la edad de imputabilidad.
En el documento, “MÁS OPORTUNIDADES QUE PENAS”, se insiste que, si realmente se pretende encontrar una solución duradera a la problemática de la minoridad, es imprescindible abordar las causas profundas del delito en menores. Entre ellas se encuentran el avance del narcotráfico, la degradación —o incluso la ausencia— de vínculos familiares de contención, la baja calidad educativa y la pobreza estructural.
Según el escrito, «estas son las verdaderas raíces del problema y deben ser atendidas con urgencia, con determinación, con perseverancia y a través de políticas de largo plazo que, sin perder de vista el futuro, respondan también al hambre más urgente del presente».
Para finalizar, y con respecto a las soluciones de fondo, desde la Pastoral Social manifestaron que «no hay que perder de vista que los jóvenes representan nuestra mayor esperanza: merecen una vida digna y oportunidades reales para desarrollarse plenamente».
