El Gobierno nacional formalizó este miércoles, a través del Decreto 273/2025 publicado en el Boletín Oficial, la simplificación de la importación de bienes de capital usados, profundizando “la libertad de mercados”.
La normativa dispuso una serie de modificaciones al Régimen de Importación Definitiva para Consumo de Bienes Usados, eliminando la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país.
Asimismo, también se dieron de baja prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matriceria (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre muchas otras.
Al argumentar los cambios introducidos, el Ejecutivo expresó en el texto oficial que “permitirán profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación de la emergencia económica”.
Además, sostuvo que “en tal sentido, se tiene en miras profundizar la libertad de mercados con el objeto de afianzar la estabilización de los precios y provocar la disminución de aquellos artificialmente elevados que provocan falta de competencia y de transparencia en los distintos mercados”.
En la misma línea, remarcó que “la existencia de numerosas intervenciones previas que padecen las importaciones constituye una traba al desarrollo del comercio e incrementa los costos administrativos de productores, por lo que esta medida es indispensable en la perspectiva de mejorar la competitividad interna de la economía argentina”.
Ante el escenario planteado, el Gobierno consideró que “razones de eficiencia, facilitación del comercio y agilización de los trámites y procesos administrativos vislumbran necesaria la revisión integral del marco normativo aplicable a la importación de bienes usados clasificados entre los Capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), eliminando barreras u obstáculos al desarrollo productivo”.
A partir de ahora, el CIBU será reemplazado por “una declaración jurada a cargo del importador con análogos propósitos y alcances”, cuya validación no estará sujeta a que no existan fabricantes locales de bienes similares, como sucedía previamente.
Al destacar la medida, el Gobierno indicó que “la norma beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por importar bienes usados, para producir de manera más competitiva, incorporando tecnología a sus procesos productivos a un costo más bajo”.
Al mismo tiempo, resaltó que “también es un beneficio para los sectores estratégicos, como el minero, el energético o el hidrocarburífero, porque podrán contar con procesos ágiles para la importación de maquinarias usadas, sin la intervención del Estado limitando sus decisiones empresariales para llevar a cabo las inversiones”.
La industria, totalmente en contra
La medida fue dispuesta de manera inconsulta. Ninguno de los actores centrales que se verán afectados por esta política dicen haber recibido llamado del Gobierno para preguntarles si lo consideraban atinado o eficaz. Así quedó demostrado en distintos comunicados que aparecieron luego de conocerse el decreto.
«A partir de esta medida, se dejan sin efecto los requisitos mínimos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso o compatibilidad normativa, se habilita el ingreso de maquinaria y equipos que podrían haber sido descartados en sus países de origen, poniendo en riesgo tanto los procesos productivos como la salud de trabajadores y consumidores», advirtieron desde la Federación Industrial de Santa Fe.
«La decisión, adoptada sin instancias de consulta ni mecanismos técnicos alternativos, expone a la industria nacional a una competencia desleal. La industria santafesina -diversa, tecnológicamente activa y generadora de empleo calificado- ha invertido de manera sostenida en modernización, innovación y formación de recursos humanos. Medidas como esta no sólo desincentivan esa dinámica virtuosa, sino además erosionan las condiciones de desarrollo de los sectores productivos más comprometidos con el agregado de valor y la producción local», subrayaron.
Desde Fisfe consideraron que defender la producción nacional implica también establecer reglas claras que eviten la degradación del sistema productivo mediante la incorporación de tecnologías obsoletas o en condiciones inadecuadas.
El ministro de Desregulación celebró la medida:
