A través de un nuevo decreto, el Gobierno dispuso la reducción en los aranceles para la importación de productos textiles, confecciones y calzado, en el marco de los acuerdos comerciales vigentes en el Mercosur. La medida que ya había sido anunciada y rechazada por la cartera de la industria textil, apunta a fomentar la competencia en el sector para alentar la baja de precios locales, los más caros de la región y el mundo según el oficialismo.
El Ejecutivo oficializó la baja en donde los aranceles de ropa y calzado pasarán de 35% a 20%, los de telas del 26% al 18%; y de los distintos hilados de 18%, a 12%, 14% y 16%». Con los cambios introducidos ahora, el Gobierno busca ajustar los gravámenes para mejorar la competitividad interna y reducir los precios.
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La normativa está firmada por el presidente Javier Milei, junto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo y establece modificaciones en el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.).
El Arancel Externo Común (A.E.C.) del Mercosur para estos sectores sufrió modificaciones a lo largo de los años. Inicialmente, en 1994, se establecieron niveles del 14% para hilados, 18% para tejidos, y 20% para confecciones y calzado. Posteriormente, en 2007, Argentina y Brasil incrementaron estos aranceles al 26% para tejidos y 35% para confecciones y calzado, mientras que Paraguay y Uruguay mantuvieron sus valores previos. En 2009, se aplicó un nuevo aumento, llevando el arancel de hilados hasta el 18% o 26%, según el caso.
De acuerdo a un comunicado oficial de la Secretaría de Comercio, justificaron la medida, «esta suba de aranceles establecida en 2007 se fijó como una medida transitoria, sujeta a estudios posteriores que nunca se realizaron. En consecuencia, la normativa sigue vigente desde hace 18 años, generando un impacto directo en el precio de la indumentaria en Argentina.
Un relevamiento comparativo de precios con otros nueve países con PBI per cápita medio-alto (como España, México, Brasil, Chile y Estados Unidos) demuestra que Argentina tiene la ropa más cara de la región. Por ejemplo, una remera de una marca internacional cuesta un 310% más que en España y un 95% más que en Brasil. Una campera, en tanto, es 174% más costosa que en España y 90% más que en Brasil», explicaron.
El Ejecutivo confía en que estas reformas permitirán reducir los precios de la indumentaria en Argentina, facilitando el acceso de los consumidores a productos más competitivos en el mercado. Desde el Gobierno sostienen que esta medida se enmarca en una estrategia más amplia para impulsar la competencia y reducir la inflación en el sector textil y del calzado.
Por otra parte, la queja de los industriales por la baja de aranceles, advierten que esta medida puede impactrar en el empleo. La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por la decisión de la administración de Javier Milei, en cuanto a la baja de aranceles a las importaciones de productos textiles.
En el escrito, detallaron que «es preocupante que la agenda de integración comercial no esté acompañada de una agenda de competitividad dentro del país». En los últimos meses la UIA ha advertido sobre la necesidad de atender las cuestiones que dificultan la competencia desleal y propuesto un camino en pos de nivelar la cancha frente a las desigualdades generadas por el llamado costo argentino.
«La industria textil, de indumentaria y calzado se encuentra entre los principales empleadores en provincias como Buenos Aires, Catamarca, CABA, Santiago del Estero y Tucumán, y se estima que de los 30 mil empleos industriales perdidos durante el último año, más de 10 mil corresponden a esa cadena. Esta pérdida del empleo, sumada a un aumento de la informalidad, podría acelerarse frente a una apertura indiscriminada sin antes equilibrar las condiciones locales», agregaron.
Finalmente la UIA insistió en la necesidad de tener una coordinación entre la agenda de competitividad y la integración comercial para no seguir profundizando la caída de la producción industrial y el empleo, en especial mediante la baja de impuestos nacionales, provinciales y municipales.