La Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió este miércoles de manera unánime que existen pruebas suficientes para iniciar una acción penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete colaboradores cercanos, en relación con su participación en un intento de golpe de Estado en 2022. Los magistrados Alexandre de Moraes (ponente), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin emitieron sus votos a favor de la resolución. Según el STF, los acusados enfrentarán cargos penales que podrían conllevar penas de prisión.
El juez Moraes, relator del caso, afirmó que la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contiene pruebas suficientes que involucran a cada uno de los acusados para iniciar una acción penal y que hay indicios de que Bolsonaro lideró un plan golpista, atacó la credibilidad del sistema electoral y participó en la redacción de un documento que pretendía un golpe de Estado en Brasil.
Asimismo, los imputados deberán responder por delitos relacionados con la tentativa de impedir la investidura del entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de su victoria sobre Bolsonaro en las elecciones generales de octubre de 2022.
Entre los delitos imputados está la abolición violenta del estado de derecho, que contempla penas de cuatro a ocho años de prisión; intento de golpe de Estado con penas de cuatro a 12 años; organización criminal armada, con penas que irían de tres a 17 años; daño calificado contra el patrimonio público, que prevé de seis meses a tres años de prisión y el deterioro del patrimonio con uno a tres años.
Esta fase del proceso judicial incluye además de Bolsonaro a figuras de la política brasileña como el general Walter Braga Netto, exministro jefe de gabinete; el general Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, y Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
La lista de acusados contempla también a Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal; Almir Garnier, excomandante de la Marina; al general Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, y Mauro Cid, quien fuera ayudante cercano de Bolsonaro.
El Supremo Tribunal de Brasil debe ahora escuchar a los testigos propuestos por la defensa de los acusados y conducir su propia investigación, al tiempo que las partes podrán solicitar nuevas pruebas antes del juicio definitivo. Una vez concluidas las diligencias, abrirá un plazo para descargar los alegatos finales y que la instancia se manifieste a favor de la absolución o la condena de los acusados.