La ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich salió a buscar un responsable de los errores cometidos en el operativo del pasado 12 de marzo, cuando se reprimió violentamente la marcha en defensa de los jubilados, y desplazó al director nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer.
La decisión de remover al funcionario surgió luego de adjudicarle diferentes equivocaciones que expusieron a Bullrich ante la opinión pública, sobre todo por haber desperdigado informaciones falsas.
Si bien desde el entorno de la ministra trataron de desligar la salida de Ferrer de lo ocurrido durante el operativo represivo y las horas posteriores, es la persona que labró los informes en los que se consignó que el fotógrafo Pablo Grillo -que todavía está internado en el hospital Ramos Mejía- trabajaba en la Municipalidad de Lanús, un dato totalmente falso.
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Las informaciones que le acercaron en un primer momento a Bullrich también le indicaron que la mayoría de los detenidos tenía antecedentes penales; que la jubilada Beatriz Blanco de 81 años -golpeada y arrojada al suelo por un policía- le había pegado a un efectivo; y que la Gendarmería había disparado correctamente el gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo. Todos datos que quedaron jaqueados con el correr de las horas.
Ferrer, que estaba a cargo de la coordinación de los aparatos de inteligencia de la Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria tiene definido reemplazante, un hombre cercano a Gerardo Milman.
El hombre que ocupará ese puesto será Ramiro Anzit Guerrero, quien ya estuvo en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal durante la gestión de Cambiemos y volverá al cargo luego de haber trabajado en la sede de Interpol en Lyon, Francia.
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El recambio sirve para oxigenar puertas adentro, ya que Bullrich quedó en el foco de las críticas luego de que se vieran las imágenes de la represión contra jubilados y trabajadores de prensa que cubrían la manifestación en los alrededores del Congreso.