Este martes comenzó en los Tribunales Federales de Rosario el juicio oral y público contra cinco personas acusadas por su presunta responsabilidad en los trágicos hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2016 en el complejo Punta Stage de Arroyo Seco. El proceso judicial surge a raíz de una investigación iniciada tras los fallecimientos de Giuliana Maldovan, de 20, y Lucas Liveratore, de 34 años, quienes perdieron la vida después de consumir éxtasis o sustancias similares durante el evento. La causa investiga el facilitamiento del espacio para la venta y consumo de drogas en el marco de la fiesta, así como el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las audiencias del juicio se desarrollarán en varias fechas: 18 y 26 de marzo; 9, 16, 23 y 30 de abril; y 14 de mayo, todas a partir de las 9:30. El proceso judicial estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°3, compuesto por los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Eugenio Martínez Ferrero y Eduardo Rodríguez Da Cruz.
El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal general Federico Reynares Solari, titular de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. La instrucción de la causa fue llevada a cabo por el Fiscal Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, con el apoyo de Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Durante la fiesta electrónica “Sasha New Year Even Party”, los jóvenes Giuliana Maldovan y Lucas Liveratore fallecieron tras ingerir estupefacientes. Los imputados en este caso son Alan David Van Broock, Gino Piazzese Scaglia, Germán Pablo Dalinger y Esteban Gómez, quienes están acusados de facilitar el espacio para la venta y consumo de drogas en la fiesta. Además, el ex intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que se le acusa de haber permitido la realización del evento a pesar de las normativas que regulaban este tipo de actividades.
La investigación, desarrollada por los fiscales Claudio Kishimoto y Diego Iglesias, llevó en 2020 al procesamiento del ex intendente Nizar Esper, quien fue señalado por permitir el evento a pesar de las irregularidades existentes. A raíz de esto, se trabó un embargo sobre sus bienes por 100 mil pesos. El fiscal federal Federico Reynares Solari destacó que en este juicio no se juzgará la muerte de las dos personas, sino si la estructura organizativa de la fiesta facilitó el acceso a material estupefaciente y si el ex intendente incumplió con sus responsabilidades al habilitar el evento.
El fiscal Reynares Solari explicó que «esta fue una causa compleja, ya que fue necesario convencer a distintos estamentos del Poder Judicial de que no se trataba de una fatalidad, sino de hechos que tenían relevancia penal». Resaltó «cuando están involucrados estupefacientes sin delitos violentos, parece que no se le da la gravedad que realmente tiene, y este caso demuestra las consecuencias graves que puede acarrear el consumo de drogas en eventos de este tipo».
La investigación, que comenzó el 2 de enero de 2017, se centró en determinar si hubo facilitación del lugar para la venta de estupefacientes. Se descubrió que la fiesta fue organizada por la productora “Live Art Producciones”, que alquiló el espacio a la firma Yameli S.R.L. Los testimonios de testigos señalaron la comercialización de drogas, hacinamiento, falta de bebidas, deficiencias en el acondicionamiento del lugar y situaciones de violencia y maltrato policial.
En 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la falta de mérito que se le había otorgado a Esper, dictando un nuevo procesamiento en su contra. El juez Carlos Vera Barros consideró que el ex intendente tenía conocimiento de las irregularidades y que debía haber tomado medidas para evitar el fatal desenlace. Ahora, el juicio que comienza busca esclarecer las responsabilidades en la organización del evento y las fallas en los controles que podrían haber evitado la tragedia.