El Gobierno argentino, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pidió disculpas este jueves luego de haber habilitado, mediante Boletín Oficial, el uso de términos como «idiota», «imbécil» o «débil mental» para referirse a personas con discapacidad.
El origen del problema se dio con la publicación el miércoles de la Resolución 187/2025, donde se efectuaban cambios en las prestaciones no contributivas por invalidez laboral. Allí, se determinó que las personas con discapacidad serán evaluadas mediante un baremo, es decir, un cuadro gradual que analizará su grado de “deterioro psicofísico” y definirá si están habilitadas a trabajar. En caso de no estarlo, se dará el visto bueno a la entrega de estas prestaciones.
El problema es que en este baremo -que está disponible en el anexo de la resolución- habla en su octavo capítulo del psiquismo y, al abordar los retardos mentales, proponen dividir a las personas en diferentes grupos según su Coeficiente Intelectual (CI). Estas categorías son “idiota”, “imbécil”, “débil mental profundo”, “débil mental moderado” o “débil mental leve”.
Luego de la enorme polémica suscitada alrededor de la medida, la ANDIS publicó un comunicado, asegurando que “dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”.
“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, señalaron.
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En ese sentido, manifestaron también que tanto la Resolución 187/2025 como su anexo serán modificados “siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)”.
De igual manera, aclararon que la corrección “no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación”.
“La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reafirma su compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan”, finalizaron en el texto.
Este jueves, en diálogo con Conclusión, la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, advirtió que estos términos estaban en “desuso” porque son “arcaicos, discriminatorios y estigmatizantes”.
“El Gobierno nacional estableció un presupuesto para este año, que involucra alrededor de 170.000 pensiones no contributivas menos de las que había hasta ahora. Entendemos que establecieron condiciones para hacer un proceso de auditoría masivo a las prestaciones por invalidez laboral, que son las pensiones que se le han otorgado a las personas con discapacidad desde que Argentina adhirió a las convenciones internacionales y que luego, además, le dio jerarquía constitucional”, continuó Chapero.
Por su parte, la psicopedagoga Judith Zanutigh habló con Conclusión y señaló: “El último acuerdo era usar la denominación de persona con discapacidad, como una condición del individuo. Se habían eliminado los términos como imbécil o idiota y también estaba en desuso el tema del Coeficiente Intelectual y la idea medir la inteligencia”.
“Se entendía a la inteligencia como un concepto que no es medible, como sí lo es una cuadra o un kilo de manzana. Las inteligencias son múltiples y distintas, pero no medibles. La terminología imbécil o idiota es estigmatizarte y despectiva, y volver a usarla es un retroceso”, completó la profesional.