El Partido Socialista (PS) de Santa Fe, a través de su Junta Ejecutiva Provincial, expresó este jueves su “máxima preocupación” ante la decisión del Gobierno nacional de designar por decreto al juez federal Ariel Lijo y al bogado Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “pasando por alto al Senado, que es el cuerpo parlamentario que debe darles acuerdo a los jueces del alto tribunal con dos tercios de sus votos”.
“Se trata de una medida arbitraria que atenta contra la división de poderes, base sobre la que se sostiene el sistema republicano, y da cuenta de un fracaso categórico a la hora de construir los consensos necesarios para integrar la máxima instancia del Poder Judicial”, señalo la junta del partido a nivel provincial.
Agregó que “este desenlace ocurrido luego de once meses de que el presidente Javier Milei presentara los pliegos en el Senado de la Nación, remite indefectiblemente a las candidaturas propuestas por el Ejecutivo, que han sido foco de cuestionamientos -algunos de extrema gravedad- desde un primer momento”.
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En esa línea, el socialismos santafesino afirmó que “el menosprecio y denostación permanentes del Gobierno nacional hacia el Poder Legislativo están muy lejos de ser el camino para dar respuesta a los reclamos de una justicia de calidad, ágil y transparente por parte del conjunto de la sociedad desde hace tanto tiempo”.
Santa Fe como ejemplo
Para la junta provincial del PS, Santa Fe es un contraejemplo de los mecanismos empleados por el presidente Javier Milei. “Es en ese contexto que la provincia de Santa Fe emerge una vez más como ejemplo de fortalecimiento continuo de las instituciones democráticas, sobre la base del pluralismo y la búsqueda permanente de consensos”, dijeron.
Los socialistas recordaron que a fines del año pasado la Legislatura provincial aprobó una reforma del sistema de justicia para hacerlo “más abierto, eficiente y dotarlo de mayor legitimidad: llevó la composición de la Corte Suprema de seis a siete miembros, estableció la edad límite para el cargo, y fijó en forma clara y detallada el mecanismo para la renovación”.
Esta norma, que expresó un amplio consenso político, “vino a reforzar el procedimiento ya establecido en la Constitución provincial para el nombramiento de los integrantes del máximo tribunal santafesino: son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa”, puntualizó el comunicado del PS.
“La realidad de nuestra provincia -siguió- se contrapone, entonces, a lo que vemos en la escena nacional y, lo que es más importante, desmiente que ese sea el único resultado posible”.