La tensa situación entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y un grupo de policías que vienen reclamando aumentos salariales fue in crescendo, al punto que luego de haber despedido a 12 agentes de Ituzaingó y 6 de Tres de Febrero, el gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció por sedición a esos afectivos de la Policía Bonaerense.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia confirmaron a TN que los involucrados fueron separados de la fuerza «de manera inmediata”, y que en el mismo acto se les retiraron las armas reglamentarias.
«La Policía combate la ilegalidad, no puede hacer nada ilegal. Un policía que quiere protestar está yendo en contra de la ley. Acá hubo insubordinación, se levantaron en contra de la ley», señalaron fuentes oficiales.
«Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución«, dijeron desde el gobierno provincial.
Reclamos y denuncia por sedición en la Policía Bonaerense
Esta grave situación se da en medio de una protesta de agentes de la PB que, en las últimas horas, rechazaron el 9% de aumento salarial que ofreció el gobierno de Axel Kicillof, quien ordenó controlar a los efectivos y familiares que protestan desde el lunes por la mañana frente a la sede policial de Puente 12, en La Matanza. La advertencia de un posible acuartelamiento generó preocupación en La Plata.
Durante la protesta en Puente 12 los efectivos hicieron públicos sus reclamos, que incluyen un aumento salarial del 100%, mejores condiciones de trabajo, libre elección de obra social y asistencia psicológica gratuita. Además, exigieron la reincorporación de agentes sancionados en anteriores manifestaciones y el cese de represalias contra quienes participaron en la movilización.
Las manifestaciones se vienen dando desde hace tres días en Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar y José C. Paz. También en Avellaneda, Lomas de Zamora y Tres de Febrero. Y en el interior bonaerense en La Plata, Berisso, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea, Junín, Bahía Blanca, San Nicolás, Olavarría, Pehuajó y Tres Arroyos, entre otras.
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En el caso de los policías de Ituzaingó, fueron denunciados por el propio jefe de la Departamental de Ituzaingó, Juan Marcelo Sanabria, y por el titular del Comando de Patrullas local, Alberto Rosa, quienes les iniciaron una causa en los tribunales de Morón luego de que se plantaran con patrulleros en el Acceso Oeste. El reclamo -en la estación de servicio Shell de colectora y Del Prado, en Parque Leloir- fue a puro bocinazo y con las sirenas prendidas.
«Bajo ningún punto de vista voy a avalar que utilicen una herramienta nuestra para expresar un reclamo», le dijo el intendente Pablo Descalzo a Primer Plano Online, sumándose a la primera decisión de apartarlos de la fuerza que había tomado el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso.
Sucede que en la protesta de los policías usaron tres móviles Fiat Cronos y una Renault Oroch, además de tres motos de la fuerza. En la presentación judicial que recayó en la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó y quedó en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a los policías.
«Me enteré por el ministro de los bocinazos y coincido con él en que tienen que estar sujetos a sanción. Tenían que estar prestando servicios con herramientas que nosotros compramos para que custodian nuestros barrios, nuestras casas, tendrían que estar haciendo operativos o recorriendo los barrios y cuidando a las familias de Ituzaingó», agregó Descalzo a PPO.
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Las protestas dentro de la Policía Bonaerense no son una novedad y suelen nacer a través de las redes sociales. Desde hace dos semanas venía circulando un listado con varios reclamos, entre los que figuran la eliminación de sanciones para quienes participen en las protestas, la mencionada suba del 100% en el salario básico, mejoras en la cobertura de IOMA y convenios con clínicas privadas, así como la posibilidad de desempeñarse dentro de un radio de 50 kilómetros de su residencia.