“Si no se respetan los derechos de los trabajadores, habrá huelga nacional”, dice el título de un comunicado que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina difundió junto a la seccional San Lorenzo del gremio.
La comunicación sindical denuncia “el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad”, varias de las cuales están asentadas en la provincia de Santa Fe. Entre ellas, la concursada Vicentin, que no pagó la gratificación extraordinaria incluida en el convenio colectivo del sector.
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También existe desde la semana pasada un conflicto con la productora de biodiesel Explora, que tampoco cumplió con la cancelación de la gratificación extraordinaria y, tras el retiro de la actividad de los trabajadores, realizó despidos que la representación sindical considera que buscan disciplinar a los empleados para persuadirlos de reclamar el cumplimiento de sus derechos.
“Advertimos que si continúan con estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos, que fueron conquistados en muchos años de lucha”, dijeron los aceiteros.
Acerca de los conflictos en marcha, las entidades gremiales sostuvieron en forma conjunta que “estas empresas, en violación a la legislación laboral, decidieron incumplir con los convenios colectivos aceiteros y los acuerdos paritarios”. Y agregaron que “incluso, en algunos casos, despidieron trabajadores discriminatoriamente por el hecho de reclamar el pago de sus salarios conforme a derecho”.
El comunicado señaló que “esta suerte de revancha patronal contra los aceiteros se produce en conjunto con la militarización de una de las plantas en la que se despidieron trabajadores”, por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Parece que, como ocurrió en diferentes dictaduras, buscan solucionar los conflictos colectivos de trabajo con el uso de las fuerzas de seguridad nacionales, que actúan como mercenarios al servicio de los poderosos”, añadieron la federación y el sindicato de San Lorenzo.
También mencionaron que “el caso que más trascendió es el de Dánica en Llavallol, en la provincia de Buenos Aires, porque la patronal decidió cerrar la planta en diciembre de 2024 despidiendo a la totalidad de los trabajadores, pero se logró la reapertura del sector de envasado con 40 trabajadores que no aceptaron el retiro voluntario”.
En esa línea, sostuvieron que “todos estos graves hechos de incumplimiento patronal, se suman conflictos más largos como el que viene desarrollándose en Bahía Blanca con Viterra -hoy propiedad de Bunge- en los que sistemáticamente se pretenden desconocer los derechos laborales, se agravan con la reciente militarización con el uso de la Prefectura Nacional y el despido arbitrario de trabajadores huelguistas”.